Segundo Informe

■ El mandatario advirtió que no permitiría que se siguiera “quebrantando el orden jurídico”

Provocaciones y detenciones, antesala del cuarto Informe de Díaz Ordaz en 1968

Gustavo Castillo García

El cuarto Informe del presidente Gustavo Díaz Ordaz fue precedido por múltiples provocaciones y agresiones armadas contra estudiantes politécnicos y universitarios, la detención de más de 50 jóvenes y su traslado al Campo Militar número uno. El 1º de septiembre de 1968 el mandatario declaró que “todo tiene un límite” y que no permitiría que se siguiera “quebrantando irremisiblemente el orden jurídico”.

Díaz Ordaz advirtió ante el Congreso de la Unión: “Agotados todos los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción VI de la Constitución (…) que textualmente dice: las facultades y obligaciones del Presidente de la República son (…) disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército terrestre, de la Marina de guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior” de la Federación.

Para el poblano el movimiento estudiantil y sus demandas, libertad a los presos políticos, derogación de los artículos 145 y 145 bis (delito de disolución social), así como la desaparición del cuerpo de granaderos y el cese de los jefes policiacos del Distrito Federal, eran una “absurda lucha de oscuros orígenes e incalificables propósitos”. Advirtió: “no quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar llegaremos”.

Tres días antes del mensaje presidencial, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Marcelino García Barragán, declaró que la inconformidad estudiantil era “absolutamente local” y que el Ejército no tenía “la intención de ocupar las escuelas de la UNAM y el IPN”, y que su función “se limita(ba) a garantizar el orden”.

Dijo que “el edificio de la Secretaría de Educación Pública no ha sido tomado, sino que el Ejército lo utiliza para coordinar sus actividades en la vigilancia de la ciudad”, toda vez que las principales vialidades eran patrulladas por vehículos militares ligeros, al igual que en las zonas aledañas a Palacio Nacional.

En tanto, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional de Huelga (CNH) y la Coalición de Maestros efectuaron dos conferencias de prensa. Desde la primera las representaciones “exhortaron a estudiantes y pueblo” a no oponer “ninguna resistencia al Ejército e instaron a la suprema autoridad a retirar las fuerzas militares y policiacas de las calles de la ciudad para que, en un ambiente de paz y sin temores, pudiera efectuarse el diálogo público entre estudiantes y gobierno”, informó el diario Excélsior el 30 de agosto.

El CNH condenó “abiertamente la violencia” y asentó: “el movimiento no tiene relación con la próxima olimpiada que se llevará a cabo en esta capital, por lo que de ninguna manera desea entorpecer una actividad internacional en la cual todos los mexicanos tenemos la responsabilidad de la representación de nuestro país, tanto en lo deportivo, social y cultural”.

Pero los actos de represión y provocación gubernamental estaban en marcha. Heberto Castillo integrante de la Coalición de Maestros de Enseñanza Media y Superior Pro Libertades Democráticas, “fue agredido (la madrugada del 28 de agosto) por agentes del Servicio Secreto”, y recibió una golpiza, informó La Gaceta, boletín informativo del CNH.

Un grupo de 23 estudiantes que pretendían realizar un mitin relámpago en las inmediaciones de la Refinería de Azcapotzalco fueron detenidos y enviados al Campo Militar número uno.

Casi a las 4 de la mañana del 29 de agosto, “unos 60 individuos enmascarados, que portaban cascos blancos, hicieron durante cerca de 10 minutos disparos contra el edificio de la Vocacional número 7. Al parecer usaron metralletas, rifles M-1, máusers y pistolas. Los atacantes secuestraron a uno de los estudiantes que hacían guardia en el plantel e hirieron a otros dos”, refiere el texto de Ramón Ramírez El movimiento estudiantil de México.

Los agresores llegaron gritando “¡Arriba el Muro (Movimiento Universitario de Renovada Orientación, de extrema derecha)! y Arriba la FNET (Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, de filiación priísta)!”, agrega Ramírez.

El despliegue militar y policiaco no sólo abarcó el centro de la ciudad de México, sino que a las 3 de la tarde del 29 de agosto, cuando habitantes de la Unidad Tlatelolco y estudiantes de la Vocacional 7 (en la misma unidad) pretendieron manifestarse en la Plaza de las Tres Culturas, la acción debió ser suspendida a los pocos minutos porque soldados y granaderos la impidieron.

Habían hablado dos estudiantes y una ama de casa cuando “26 tanques y 13 camiones del Ejército se situaron frente a la Vocacional, el Ejército desalojó la escuela y dejó una guardia de granaderos”, indica Ramón Ramírez.

La detención y dispersión de estudiantes ocurrieron en San Ángel, Zacatenco, el Zócalo, además de otras zonas, en momentos en que los jóvenes pretendían realizar mítines relámpago.

Según el Libro blanco del 68, elaborado por la Procuraduría General de la República, “en vísperas del Informe aparece una nueva táctica de lucha: voces estudiantiles se dedican a comunicarse directamente con todos los suscriptores de la guía telefónica diciéndoles que está pronta a estallar la revolución armada y que deben hacer acopio de viandas y comestibles.

“También hacen correr la voz, por conducto del teléfono, de que la Refinería de Azcapotzalco ha sido tomada por estudiantes y que no queda más combustible que el de los depósitos de las gasolinerías.

“Como consecuencia de estos rumores, velozmente esparcidos, se producen compras de pánico. Las amas de casa se aglomeran en los mercados y tiendas y prácticamente saquean varias, y los propietarios de autos y camiones forman largas colas en los expendios de gasolina, muchos de los cuales ven agotado su combustible ante la demanda excesiva.”

Testimonios señalan que se trató en realidad de una estrategia gubernamental para provocar que se generara lo que el Libro blanco del 68 refiere como “indignación popular”, al considerar que “en el fondo se trata de lograr, por todos los medios, la desintegración social y el socavamiento de las instituciones del gobierno”.

De acuerdo con la extinta Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), en un “virtual estado de sitio de importantes sectores de la ciudad, se realizaría el cuarto Informe de Díaz Ordaz”.

Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México, declaró: “Cualquier medida que tomen las autoridades para reprimir la actual situación estará plenamente justificada y será respaldada por el pueblo; creo que ha llegado la hora de tomarla”.

Tras el Informe presidencial, refiere la Femospp, “continúan las detenciones y el clima de hostigamiento se incrementa”.

Siguiente entrega: 4 de septiembre