Mujeres, Constitución y educación sexual
Cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirman que interrumpir el embarazo no es anticonstitucional, encuentro, al menos, dos profundas implicaciones. La primera es que las mujeres somos seres humanos, y la segunda es que el sexo no es un área que deba regularse en la Carta Magna. Pero, ¿acaso alguien duda de que las mujeres somos seres humanos? Sí, todos los conservadores, y aquí van todos: los ultras y los moderados, es decir, los panistas, los reaccionarios, los jerarcas eclesiales y quienes valoran como pecado el aborto y la sexualidad libre. ¿Y qué pasa si se regula la sexualidad desde la Constitución? Equivaldría a negar que la sexualidad es una dimensión emocional y libre de la persona en la cual la razón sólo puede actuar sobre sus consecuencias.
Tomo las palabras del señor ministro Genaro David Góngora Pimentel: “en el tema sobre la despenalización del aborto o interrupción legal del embarazo que se trató en el proyecto de resolución, no se introdujeron como consideraciones previas la complejidad del problema, los derechos humanos y fundamentales de las mujeres, los cuales guardan relación con los derechos sexuales y reproductivos, por significar la puerta de acceso al reconocimiento de la verdadera igualdad y ejercicio pleno de la ciudadanía”. Aquí el Poder Judicial consideró a las mujeres en igualdad de circunstancias, con derecho a decidir como cualquier ser humano, porque el ser humano es libre, tiene razón y conciencia, y si no puede decidir sobre su comportamiento, dejaría de serlo.
Valoro la amplia visión del ministro Góngora Pimentel al incluir “los derechos sexuales y reproductivos”, pues no dejó de lado la compleja relación entre sexualidad y reproducción, y contribuyó como jurista a que la SCJN sea garante de la libertad y del derecho a decidir en cuanto a los usos del cuerpo y sus consecuencias.
Con esta importante resolución quedaron expuestos los funcionarios federales que actúan en contra de los derechos humanos de las mujeres, el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el procurador general de la República. Además, resulta inadmisible que en la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) hayan promovido una agenda antifeminista. Hoy queda fuera de toda lógica de gobernabilidad, que la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, haya otorgado el derecho de picaporte a Lorenzo Servidje, propietario de Bimbo, para hablar con los secretarios de Educación estatales sobre la importancia de inculcar valores antifeministas en la escuela, para promover el libro de Paz Fernández Cueto, Sexualidad y salud humana y, de paso, evitar que le detengan la venta de alimentos chatarra en las escuelas (para lo cual también cuenta con apoyo de la secretaria de la SEP). Paz Fernández Cueto, oradora principal en el acto de la Conago, es la intelectual orgánica del Vaticano y del PAN, conocida por el mencionado libro que le financió la SEP y en el cual se promueven la castidad, la mortalidad materna, la maternidad forzada, el sida y la homofobia, al tiempo que se desacredita el uso de los anticonceptivos y del condón.
Porque si la SCJN valoró como constitucional el derecho a la interrupción del embarazo, ahora falta que los libros de texto y los maestros informen a los y las adolescentes sobre ese importante derecho reproductivo. Que las autoridades educativas, en vez de censurar el único libro de educación sexual que habla directamente de la interrupción legal del embarazo: Tu futuro en libertad, por una sexualidad y salud reproductiva con responsabilidad, promueva la difusión de este texto en el resto de los estados del país. Porque es fundamental promover a largo plazo, es decir, desde el ámbito educativo, un cambio cultural hacia una sexualidad más sana, tal como afirmó Marcelo Ebrard al presentar esa publicación de su gobierno. Ello implica ampliar la educación sexual para informar y formar en la cultura del derecho y la formación ciudadana, para dar a conocer a las y los adolescentes cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, los criterios para decidir cómo y cuándo iniciarse, las vicisitudes de la identidad y orientación sexual, las formas efectivas de prevenir el embarazo, además de informar con precisión sobre el aborto legal, a fin de que sea éste el último recurso de una maternidad voluntaria.
Con la decisión de la SCJN esta perspectiva me queda más clara, aunque debo confesar que no he encontrado respuesta a preguntas tan simples como las siguientes: ¿en qué beneficia a los funcionarios panistas y a los empresarios que se sigan enfermando de diabetes los mexicanos? ¿Qué ventajas les reditúa el incremento de los casos de sida y de madres solteras? ¿Qué provecho les acarrea que se mueran por aborto las mujeres indígenas y las adolescentes más pobres?