■ Según el Plan Nacional de Derechos Humanos, se hará de forma progresiva
Sustituirá el gobierno a militares que realizan funciones de seguridad pública
En el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2008-2012, el gobierno federal se propone “impulsar la sustitución progresiva y verificable de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial”.
También, promover el respeto a los derechos humanos de parte de las corporaciones policiales, en los tres ámbitos de gobierno, y garantizar el respeto a las garantías básicas en el contexto de la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado.
En un contexto en el que la participación de los militares en labores propias de los cuerpos policiales ha sido criticada por organismos de defensa de derechos humanos, en especial por la operación de retenes –a cargo de soldados– en las carreteras del país, el PNDH se compromete a impulsar el retiro progresivo de las fuerzas armadas.
De acuerdo con el documento, avalado por el presidente Felipe Calderón, corresponde a las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Defensa y de Marina homologar directrices en el ejercicio del uso legítimo de las fuerzas con pleno respeto a los derechos humanos.
Tocará también a la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con las dependencias antes mencionadas, impulsar mecanismos que funjan como medio de control ciudadano respecto de la actuación de las fuerzas de seguridad, con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
El PNDH, que será presentado próximamente, incluye elementos que también fueron incluidos en el Acuerdo por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, firmado la semana pasada en Palacio Nacional.
Por ejemplo, el programa busca consolidar el servicio profesional de carrera de las corporaciones policiales a través del programa de desarrollo policial (esquemas de certificación y régimen disciplinario en las corporaciones), siempre con perspectiva de respeto a las garantías básicas.
De igual forma, impulsar el desarrollo de políticas de prevención y respeto a los derechos humanos en las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, bajo esquemas de evaluación y seguimiento por la comunidad.
Hay otros puntos que coinciden con los compromisos del pacto nacional citado, como garantizar y consolidar una atención profesional a la víctima del delito.
El PNDH busca “garantizar que el uso de la fuerza sólo sea empleado como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad en función de la amenaza existente”.
El programa –cuya elaboración fue coordinada por la Secretaría de Gobernación– será de cumplimiento obligatorio por las instancias gubernamentales y para el cumplimiento de sus objetivos (los cuales serán sometidos a verificación de manera periódica) deberá contar con presupuesto suficiente, aprobado por el Congreso.
En la estrategia 2.4 se busca consolidar la perspectiva de derechos humanos en la prevención del delito, procuración de justicia y ejecución de sentencias. Las líneas de acción para dar cumplimiento a ese objetivo incluyen diversas responsabilidades para las secretarías antes mencionadas.
En principio, deberán “conceptuar y promover la definición de seguridad pública subordinada a la de seguridad humana, toda vez que el objetivo último de la actividad del Estado es la protección de la persona”.
EL PNDH se propone también cumplir diversas metas, entre las que se incluye mejorar los índices de capacitación para el respeto de las garantías básicas y aumentar el índice de confianza de los ciudadanos hacia las leyes, al pasar de 34.6 a 40 por ciento.
En los argumentos que dan origen al plan de derechos humanos, que afirma tener fundamento en una amplia consulta con grupos de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales dedicados a la defensa y promoción de las garantías básicas, se establece que sólo garantizando la debida protección de la vida, el patrimonio, las libertades y los derechos de todos los mexicanos se ofrecerá una base firme para el desarrollo óptimo de las capacidades de la población.
De ahí que la administración pública federal deberá ser ejercida con una perspectiva de derechos humanos; aplicar mecanismos de colaboración y coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno; promover y difundir una cultura de derechos humanos, y “la debida armonización legislativa”.