■ Baeza Terrazas se reúne con Mouriño y demás miembros del gabinete de seguridad
“Ajustan” operativo en Chihuahua ante la irrefrenable y creciente violencia
■ Acuerdan reforzar labores de inteligencia para optimizar resultados del combate contra el narco
El Operativo Conjunto Chi-huahua de combate al narcotráfico será “ajustado” una vez más, acordaron ayer los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública al término de una reunión de análisis sobre el incremento de hechos violentos en el estado adjudicados al crimen organizado.
Enseguida, también en la Secretaría de Gobernación (SG), un grupo encabezado por 12 funcionarios de alto nivel abrió los trabajos para fijar fechas y procedimientos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en Palacio Nacional el pasado jueves.
Los integrantes del llamado “gabinete de seguridad” (Gobernación, Defensa, Marina, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública y Centro de Información y Seguridad Nacional, entre otros) se enfocaron a estudiar la situación que priva en Chihuahua.
El análisis se realizó de manera conjunta con el gobernador del estado, José Reyes Baeza Terrazas, y su equipo de seguridad y de procuración de justicia, para encontrar alternativas de solución a esta problemática, especialmente los hechos violentos ocurridos en Ciudad Juárez.
En el arranque de la estrategia en esa entidad fronteriza, el año pasado, fueron enviados 900 militares; meses después fue reforzado con cuatrocientos elementos castrenses más y actualmente se calcula que ya hay casi 2 mil militares en el operativo en el cual participan corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Según fuentes consultadas, se acordó también realizar una investigación sobre las narcomantas que aparecieron el martes en Chihuahua y otros estados del país, mensajes con los que –señalaron– se intimida a la población, pero también a la familia del propio gobernador José Reyes Baeza.
En una narcomanta los autores exigían la remoción de un comandante porque, de lo contrario, tomarían represalias con la familia del gobernador.
Los funcionarios encabezados por el titular de la SG, Juan Camilo Mouriño –quien es además el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública– compartieron detalles de los recientes homicidios y, en general, de las 12 muertes ocurridas en los últimos días en Chihuahua y otras entidades.
Por ello, se comprometieron a reforzar las labores de inteligencia para detener a grupos criminales y reiteraron su hipótesis acerca de refriegas entre grupos antagónicos de los cárteles de la droga que operan en el norte del país.
La procuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, informó recientemente a legisladores del Congreso local que en el primer semestre de este año se cometieron en la fronteriza Ciudad Juárez 420 homicidios, de los cuales 225 están vinculados con el crimen organizado y el resto se debieron a riñas entre pandillas y otras circunstancias. La procuradora dijo a los diputados que se han resuelto 89 casos. Informó además que Chihuahua cuenta con 92 millones de pesos como parte del Fondo de Seguridad.
Los funcionarios estatales han hecho énfasis en la necesidad de contar con más recursos económicos y humanos para prevenir, investigar y castigar los hechos de violencia; en particular, insisten en contar con una mejor coordinación con el gobierno federal.
Más tarde, en un comunicado de prensa, la SG afirmó que el encuentro matutino fue “de gran utilidad para encontrar áreas de oportunidad que permitan mejorar las estrategias” de combate al crimen.
“En este sentido, se acordó realizar los ajustes necesarios para que el Operativo Conjunto Chihuahua alcance los niveles esperados que permitan dar a los chihuahuenses la seguridad que merecen”, señala el boletín.
La sesión del gabinete de seguridad se inició a las ocho y media de la mañana y se prolongó por casi tres horas. Casi de inmediato se trasladaron a la biblioteca Manuel Gómez Morín, también en el conjunto Bucareli, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, así como los secretarios de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública, Hacienda, Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública y Salud, además de la titular del DIF, María Cecilia Landerreche, y el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Héctor Osuna.
Los funcionarios participaron en la primera sesión formal para fijar fechas tentativas, agenda de trabajo y medición de resultados de los planes y fechas que incluye el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.