Ciudad Perdida
■ La seguridad en manos de la sociedad
■ El Estado abdica de su obligación
No cabe duda de que los problemas que enfrenta el país han rebasado en gran medida la capacidad de operación, y lo que es peor, de imaginación constructiva, a los gobernantes de todo el espacio nacional, que no alcanzan a entender que es y debe ser el Estado el garante de la seguridad de los ciudadanos.
Decimos esto porque ahora resulta que deberá ser la gente la encargada de realizar las funciones por las que la ciudadanía paga impuestos y que, en la ley deberían cumplir los que han llegado, de buena o mala manera, al poder. De pronto, al golpe, podríamos decir que se trata, nada más, de una forma de evadir responsabilidades por parte del gobernante, pero va más allá, también se trata de la incapacidad para dar respuesta a la problemática que desde el mismo poder se ha creado.
El Gobierno del Distrito Federal parece estar enfermo de ese mismo mal, no obstante su signo político. Todo indica que la creatividad del equipo de Marcelo Ebrard y la de él mismo se han secado. Sin respuestas para la corrupción, para el burocratismo, para la disfunción de los aparatos de vigilancia, lo más simple es involucrar a la llamada sociedad civil en las tareas que de ninguna manera le corresponden.
Desde el mismo gobierno de la ciudad llegó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley que serviría, en caso de se aprobada, para crear el instituto ciudadano de verificación del Distrito Federal, que no es otra cosa que convertir a muchos de los que pagan impuestos en verificadores de antros, restaurantes y cosas por el estilo.
Se trata de que un grupo de ciudadanos vigile lo que en rigor debe corresponder a la autoridad, y algo más, cargar con el peso de hacer cumplir la ley y de responder por las irregularidades que cuando menos hoy se observan en más de 80 por ciento de los establecimientos que deberán ser sancionados por el incumplimiento de los reglamentos y las leyes.
Parece que de ninguna manera se mide el peligro a que se enfrentarán aquellos que decidan participar en la tarea propuesta, pero lo peor, parece que nadie se quiere dar cuenta de que de formarse tal instituto, el Estado pierde capacidad de gobernar, y el ciudadano, en lugar de ganar otro derecho, en medio de su desesperación por el fracaso gubernamental, caminará por el peligroso filo de las complicidades y la corrupción, y dejará libre de culpa al gobierno.
La pregunta ahora es: ¿para qué se quiere un gobierno que termina por declinar una de sus principales funciones?, esa que es brindar seguridad a su ciudadanía. Antes de caer en las trampas del caos, el gobierno de la ciudad debería reflexionar a fondo para que quede en claro que para la gente el mejor gobierno es aquel que cumple sus funciones, no el que se lava las manos de los problemas más ingentes.
Sí, es verdad que la sociedad tiene que participar, cada vez más y de manera más activa, en el diseño y las formas de gobierno, pero desde su trinchera, desde su responsabilidad ciudadana y no desde los órganos de gobierno que son los que deben cumplir con las obligaciones que les marca la ley.
Aún hay tiempo de rectificar. No se vale calcar los programas del gobierno federal, cuando es desde el GDF desde donde se ha marcado la agenda a quienes ocupan la función de administrar el país. La gente de la capital espera algo más de su gobierno. Los votos así lo han marcado, así que un buen síntoma siempre será saber dar la vuelta y corregir el rumbo.