■ Bloqueos de cívicos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca contra la nueva Carta magna
Analizará el gobierno boliviano demanda para un referendo sobre la Constitución
La Paz, 24 de agosto. El gabinete del presidente boliviano, Evo Morales, será convocado esta semana para estudiar la petición hecha por organizaciones sociales, a fin de que llame a una consulta popular nacional sobre la nueva Constitución Política y acabe con el estancamiento del proceso de cambio en Bolivia, siete meses después de aprobado el documento por la Asamblea Constituyente.
“La instancia de debate y discusión de los decretos supremos es el gabinete ministerial”, dijo hoy la viceministra de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, al informar que los ministros serán llamados para discutir la propuesta entregada en la noche del sábado a Morales.
La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), que agrupa a organizaciones afines al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), celebró viernes y sábado en Cochabamba una reunión en la que analizó la situación política actual y decidió pedir a Morales que convoque mediante “decreto supremo” a la ratificación o rechazo de la nueva Carta Magna, con el fin de “garantizar la refundación de Bolivia”.
La organización, que agrupa a campesinos, indígenas, mineros, maestros rurales y juntas vecinales, propuso también al presidente que los prefectos revocados el 10 de agosto en La Paz y Cochabamba sean relevados por gobernantes elegidos en las urnas, al igual que los futuros subprefectos y consejeros regionales.
El surgimiento de esta organización se presenta en momentos en que dirigentes de “comités cívicos” regionales y prefectos departamentales preparan nuevas acciones de rechazo a la nueva carta fundamental, aprobada con el voto mayoritario del MAS en la Asamblea Constituyente y de la cual se retiraron los legisladores de partidos de derecha que dominaron la escena política boliviana en las dos últimas décadas, en un intento de boicot.
Para este lunes los cívicos de los tres departamentos del chaco boliviano, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, convocaron al cierre de carreteras y de instalaciones petroleras para hacer patente su rechazo a la Constitución, que fue aprobada el 9 de diciembre en la ciudad de Oruro, bajo un dispositivo policial de seguridad establecido tras de que días antes, en Sucre, los asambleístas del MAS fueron agredidos por cívicos y grupos de choque afines.
Los cívicos, aliados de los prefectos que conforman el Consejo Nacional Democrático, opositor a gobierno masista, llamaron al reforzamiento de su campaña después de la celebración de referendos departamentales dirigidos a la ratificación de sus estatutos autonómicos –sin validez constitucional– y luego que el líder de los opositores, Rubén Costas, fue ratificado el 10 de agosto como prefecto de Santa Cruz.
Para las organizaciones próximas al MAS, los resultados de la consulta popular de la semana antepasada no tienen el mismo significado, toda vez que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron confirmados en el cargo con 67.41 por ciento de los votos válidos, 13.71 puntos porcentuales más que en la elección de diciembre de 2005.
Además, de acuerdo con el presidente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos, Morales y García Linera ganaron en 95 de las 112 provincias en las que se subdivide el territorio boliviano.
Los datos oficiales de la Corte Nacional Electoral, difundidos el 21 de agosto, mostraron que Morales y García no perdieron en ninguna de las provincias que constituyen los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro y Cochabamba. En Chuquisaca (cuya capital es Sucre, el epicentro de las protestas derechistas en diciembre pasado) fue ratificado en nueve de 10 provincias; en Tarija, en cinco de las seis; en Pando, en tres de cinco; en Beni, en tres de las seis, y en Santa Cruz en siete de 15.
En sus conclusiones, el Conalcam también adoptó una postura con relación al Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH), que fue otro de los asuntos que activaron las protestas.
El Conalcam sugirió al gobierno central que redistribuya los recursos del IDH, a partir de las cifras de población y nivel de desarrollo humano.