Impunidad en materia ambiental
A mediados del primer gobierno del cambio, el del señor Fox, el barco ambiental comenzó a naufragar. La dependencia responsable de la ecología se entregó a un político con aspiraciones presidenciales y luego a un ex dirigente local del partido en el poder. Los frutos de su desempeño son conocidos y lamentables. La promesa de dar prioridad al tema ambiental se perdió en la verborrea. En este sexenio, el barco se lo encomendaron a un técnico. Se pensó que por eso lo llevaría a buen puerto. No es así. Los problemas saltan por doquier y las protestas por las decisiones que toman las instancias oficiales se dejan sentir en todo el país. También aparecen las contradicciones, pues mientras se presume el aumento del número y extensión de las áreas naturales protegidas, se respaldan proyectos de influyentes inversionistas que afectarán negativamente el patrimonio natural y recursos básicos para el desarrollo del país.
Así ocurre, por ejemplo, con el magno proyecto Downtown, cerca de la zona arqueológica de Tulum, que ocupará casi 80 hectáreas en un área donde se ubica el más importante manto freático del Caribe. De igual manera, la autorización para construir la que, dicen sus panegiristas, será la primera autopista verde del planeta, que unirá Lerma con Tres Marías, afectando negativamente uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y a la fábrica de agua de la que se abastecen 35 millones de personas. O el puerto comercial Punta Colonet, en la península de Baja California, área frágil y muy importante por la flora y fauna que posee. Se trata del principal proyecto de infraestructura del sexenio (8 mil millones de dólares) y servirá más a los intereses comerciales de Estados Unidos que a México.
En estos tres casos, don Dinero, disfrazado de falso desarrollo, gana la partida a la lista de buenas intenciones que anuncia el sector público.
Tampoco pinta bien el panorama en cuanto a la disposición final de la basura de los hogares, la industria y los servicios hospitalarios. Este año suman más de 30 los conflictos por la construcción y funcionamiento de rellenos “sanitarios” que no son tal y amenazan la salud pública y los recursos naturales, en especial el agua. Las poblaciones donde se ubican estos proyectos denuncian favoritismo y corrupción a la hora de las concesiones. Agréguese el caso emblemático de la basura de la ciudad de México y algunos municipios vecinos, que no cuentan todavía con el sitio adecuado para depositar diariamente miles de toneladas ante el próximo cierre del Bordo Poniente. En cuanto a los desechos industriales, a la falta de control sobre parte importante de los emisores se suma el hecho de que no están en sitios seguros por lo que constituyen un peligro.
Tampoco los gobiernos del cambio han cumplido la promesa de la recuperación ambiental de las cuencas hidrográficas, destino final de las aguas negras de las ciudades y la industria, algo prohibido en la legislación ambiental. Una denuncia reciente de las cooperativas pesqueras de los municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, Tlalixcoyan y Cotaxtla, en Veracruz, informa del deterioro del río Blanco por cuenta de la planta Destiladora de Alcoholes y Mieles, que arroja sus aguas servidas a dicha corriente, ocasionando, entre otras cosas, mortandad de peces, camarones, jaibas y tortugas, y afectación al ganado que bebe de esa agua contaminada. Igualmente causa deterioro al importante sistema lagunar de Alvarado. Las quejas contra dicha empresa alcoholera son ignoradas por la autoridad.
En cuanto a la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, responsable de hacer cumplir la ley y sancionar a los infractores, la convirtieron en refugio de panistas sin trabajo. Mientras clausura unos cuantos hoteles ubicados en áreas protegidas y que violan la normatividad ambiental, no actúa con la misma energía en contra de otros infractores, poderosos además. Por ejemplo, contra Pemex, los caciques regionales que destruyen los bosques o los que invaden la zona marítima federal.
La lucha contra la impunidad y la corrupción no debe reducirse solamente a la inseguridad que vive el país. Urge también en el campo ambiental, como anota Carlos Monsiváis.