Desde otras ciudades

Socorristas corruptos

En Madrid el calor es sofocante, en algunos días del año, sobre todo en los meses de julio y agosto, las temperaturas llegan a ser asfixiantes al superar los 35 grados centígrados a la sombra. Por eso no es extraño que una de las actividades más comunes de sus habitantes sea la de acudir, toalla en mano, a las miles de albercas públicas y privadas que hay a lo largo y ancho de la ciudad. Sólo hay un problema: la seguridad de estas miles de personas no está del todo garantizada, ya que, según una denuncia pública de profesionales del sector, desde hace algunos años se “venden” al mejor postor las plazas para ocupar los cargos de socorristas.

El fenómeno de la corrupción está al alza en la capital de España, donde en los meses recientes se han destapado auténticas tramas de película no sólo a nivel político y policial, si no también en sectores tan ajenos a los tejes y manejes del poder como el del socorrismo en piscinas públicas. La ley es clara al respecto: todas las albercas de uso colectivo, ya sean públicas o privadas, incluidas las de edificios o complejos habitacionales de más de 30 viviendas, deben disponer de un servicio de socorristas.

Para cubrir estas plazas se calcula que en Madrid hay alrededor de 17 mil socorristas, de los cuales una “minoría”, según la Asociación Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional, “venden los títulos y las plazas” al mejor postor. Una práctica creciente que ha provocado situaciones en las que se ha constatado que el supuesto socorrista no sabía ni siquiera nadar.

Armando G. Tejeda, corresponsal