■ Construye camino en Petatlán para impulsar un proyecto turístico, aseguran pobladores

Ordenan a empresa japonesa suspender destrucción de manglares en Guerrero

■ Según afectada Desarrollo Imperiad pretende despojar a su familia de 150 hectáreas del cerro Huamilule, en Barra de Potosí

■ Los terrenos los compró la constructora, señala abogado

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Chilpancingo, Gro., 23 de agosto. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó a la empresa japonesa Desarrollo Imperiad SA suspender las obras de relleno con tierra que realizaba en 500 metros cuadrados de la zona aledaña a la laguna Barra de Potosí, en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande del estado. La compañía pretende abrir un camino para impulsar un proyecto turístico que, según los pobladores, afectaría esa zona rica en manglares.

Omar Eduardo Magallanes Telumbre, subdelegado de Recursos Naturales de la Profepa, informó que la construcción de esa vía comenzó el 7 de agosto y fue por la denuncia de los pobladores y de una familia que acusa al abogado de los empresarios –el argentino Roberto Mario Guala– de pretender despojarla de un terreno, que se hicieron las inspecciones y llevaron a la orden de suspender las obras.

Entrevistado por teléfono, dijo que la construcción de la brecha “no había afectado la zona de manglar de la laguna Barra de Potosí –que tiene una extensión de 15 kilómetros de agua dulce– pero sí perjudicaba el flujo hídrico del humedal que se ubica en esa zona de amortiguamiento de dicha laguna”.

Reconoció que al principio se pensó que el camino sería para el paso de cuatrimotos y vehículos pequeños, pero luego se detectó que prácticamente se había rellenado un área de 500 metros cuadrados y se podía observar un azolvamiento de más de un metro de altura.

Profepa inició un procedimiento administrativo contra Roberto Mario Guala, con la advertencia de que “si se violan las medidas acordadas se turnará el caso al Ministerio Público Federal debido a que se afectó el flujo del humedal o, como se dice, ‘le ganó terreno’, y eso a corto plazo puede provocar inundaciones”.

La empresa cuenta con cinco días hábiles, contados a partir de este viernes que pasó, para que presente la autorización en materia de impacto ambiental que otorga la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, además de restaurar los daños. “Si no atienden esta recomendación se harán acreedores a una sanción de 6 mil días de salario mínimo, además de que se iniciará un proceso de revisión de la obra que llevará otros dos meses”, dijo Magallanes Telumbre.

De reiniciar la obra, afirmó, a los empresarios “se les aplicará una nueva orden de inspección y se les multará hasta llegar al embargo de toda la maquinaria”.

Terreno en litigio

Esta semana, integrantes de la Cooperativa de Pescadores de Cerros informaron a la Profepa que habían llegado carros de volteo para rellenar la zona por donde pasaría la brecha y para ello habían podado árboles.

La particular María Isabel Garibo Vargas, por su cuenta, denunció ante la Secretaría de Marina que los japoneses pretenden despojar a su familia de las 150 hectáreas del cerro Huamilule, que colinda con la zona de humedales de Barra de Potosí, y aseguró que cuenta con los títulos de propiedad debidamente registrados.

El 7 de agosto, cuando comenzaron los trabajos, la mujer instaló un campamento para evitar el “despojo”.

Los propios habitantes de la región dijeron que Roberto Mario Guala, abogado de la empresa Desarrollo Imperiad, mostró a los pobladores las escrituras que demostrarían que los terrenos fueron comprados por los japoneses, y rodeó con una malla ciclónica la parte baja del cerro para impedir el ingreso a la familia Garibo Vargas.