■ Plantean mecanismo que no incluye sanciones económicas a industrias que incumplan

Empresas buscan evitar regulación en publicidad sobre alimentos y bebidas

■ La acción tendrá poco efecto, por lo que debe aplicarse la ley: El Poder del Consumidor

Susana González G.

Para hacer frente a problemas de salud pública tan graves como la obesidad, el sector privado pretende modificar la publicidad sobre alimentos y bebidas a través de un código de autorregulación que no incluye sanciones económicas contra quienes lo incumplan, mientras la organización El Poder del Consumidor (EPC) demandó al gobierno federal que aplique la legislación en la materia y que el Congreso de la Unión tome cartas en el asunto.

La salud pública es atribución del Estado y el objetivo de las empresas es ganar dinero, aseveró Alejandro Calvillo, director de EPC, al poner en duda la efectividad del código que preparan grandes empresas de alimentos industrializados y del sector de la publicidad, coordinado por el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar), para propiciar hábitos alimentarios sanos entre los niños.

“Está demostrado que ningún código de autorregulación publicitaria ha sido cumplido por las firmas que lo promueven. Eso ha sucedido desde los años 70, cuando nacieron los primeros códigos en el mundo. Basta ver lo que sucede en Estados Unidos, donde se violan de manera permanente”, expresó Calvillo.

Pero para Karla Ávila, directora de Conar, la autorregulación no implica que el gobierno delegue obligaciones, atribuciones y funciones en temas como el de la salud, sino que se trata de “un esfuerzo paralelo” dirigido a la protección de la infancia.

El código de autorregulación (conocido como Pabi), puntualizó, “de ninguna manera se contrapone o resulta superior a lo que está establecido en leyes y reglamentos. Nosotros, como organismos de autorregulación, sólo hemos sugerido a las autoridades que den a la industria la oportunidad de demostrar que tiene la madurez suficiente para apoyar a la autoridad en esa estrategia para evitar problemas como la obesidad”.

En la elaboración del Pabi, cuyo lanzamiento se prevé entre septiembre y octubre, participan las 21 empresas anunciantes de alimentos y bebidas para niños más importantes del país, así como tres organismos que forman parte de Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula del sector privado; la Confederación de Cámaras Industriales, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Consejo Nacional Agropecuario.

Sin embargo, ante esa oportunidad de autorregulación, Karla Ávila admitió que la adhesión al Pabi será voluntaria y no incluye sanciones económicas, sino únicamente la exhibición de las industrias que lo incumplan y la expulsión o suspensión del Conar, porque “no creemos que una multa pueda pegarle mucho a una empresa que maneja millones de dólares, pero sí puede afectarle el riesgo de perder su prestigio”.

Adelantó que en el código se establece que la publicidad “contextualice el consumo de los alimentos, pues éstos no son buenos o malos, si no que existen dietas o hábitos buenos o malos, así que si se exhibe un postre debe ser en el contexto de una dieta balanceada”. También se pretende impedir que los anuncios eviten promover el sobreconsumo de alimentos o presionen a los padres a comprar ciertos productos para sus hijos.

Pero para Alejandro Calvillo las cosas no son tan sencillas. Consideró que hay “una severa guerra” de las compañías por imponer sus criterios, y el Pabi es un medio para “ganar tiempo y seguir haciendo negocio, así como para prevenirse de todas las tendencias que hay a escala internacional contra las empresas de alimentos industrializados por los problemas de salud que causan y que gobiernos como el México no están en posibilidades de enfrentar sólo por el gasto que implica atender males derivados de la obesidad. Y de eso no se quieren hacerse responsables”.