La madre de todas las batallas
El día de hoy se estará entregando a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) la iniciativa que en materia energética ha realizado un grupo de intelectuales y especialistas con la intención de fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y garantizar el absoluto control de esa industria por parte del Estado.
Este paquete de iniciativas se puede dividir en dos grupos. El primero contiene reformas a diversos ordenamientos jurídicos, entre los que destacan la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Federal de Derechos y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como una nueva ley orgánica para Pemex, que en su mayoría serían presentadas en el Senado de la República.
El segundo grupo de propuestas está conformado por un plan de acción inmediata que propone, en síntesis, la creación de un fondo de recursos por casi 300 mil millones de pesos y que será presentado en la Cámara de Diputados para que, independientemente de los acuerdos o desacuerdos a que se lleguen en el Senado, se pueda iniciar en el próximo año un agresivo programa de inversiones públicas en el sector, que posibilitarían a Pemex cumplir su mandato constitucional.
El plan de acción inmediata ataca de manera directa tres factores que han deteriorado la industria petrolera y a Pemex: corrige la falta de recursos en la paraestatal por el régimen fiscal y presupuestario al que ha sido sometida durante años; corrige el sesgo que ha tenido el destino de las inversiones al atender primeramente la inversión en exploración, refinación y petroquímica, en ductos y en investigación y desarrollo tecnológico, y por último plantea una serie de medidas que garantizan la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, que se ha incrementado con la entrada de empresas extranjeras a la industria a través de los contratos de servicios múltiples, así como con otras adquisiciones y licitaciones.
Este plan de acción inmediata permite que se evalúe y castigue, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, tanto el proceso de toma de decisiones del Consejo de Administración, que ha llevado a Pemex a la situación en que se encuentra actualmente, como también las oscuras relaciones entre la empresa y su sindicato.
Lo mejor de todo es que para llevar a cabo este plan de acción inmediata lo único que habría que hacer es que los legisladores aprobaran modificaciones al artículo 254 de la actual Ley Federal de Derechos para disminuir la carga fiscal de Pemex en cinco puntos porcentuales, que se aprobara una modificación al artículo 19, fracción cuarta, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para canalizar hasta 60 por ciento de los excedentes petroleros a Pemex, y autorizar un decreto para la inclusión de este plan de acción inmediata en el Presupuesto de Egresos para 2009.
Señalo lo anterior en virtud de que el 8 de septiembre se estará entregando, por parte de la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, el llamado paquete económico para 2009, que incluye, entre otras disposiciones, las iniciativas de Ley de Ingresos, de Derechos y el Presupuesto de Egresos, que de acuerdo con lo establecido en la Constitución política deberá ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre de este año.
Esto quiere decir, al menos hipotéticamente, que mientras en el Senado se estarán discutiendo las propuestas de reforma energética planteadas por Felipe Calderón, Manlio Fabio Beltrones y el Frente Amplio Progresista, en la Cámara de Diputados se estará negociando el paquete económico para 2009.
Esta situación plantea dos posibilidades. La primera es que el contubernio PRI-PAN se aplique de manera inmediata y se apruebe una reforma energética privatizadora los primeros días de septiembre, para dejar “libre de polvo y paja” y pagar las facturas correspondientes en el Presupuesto de Egresos para 2009. O bien, la segunda, mantener la negociación separada y que al final Petróleos Mexicanos se quede como “el perro de las dos tortas”, sin reforma y sin presupuesto, lo que contribuiría más a debilitarla y dañaría más la economía en su conjunto.
Un tercer escenario, quizá el más deseable, sería que se autorizara el plan inmediato de acción y la discusión de los tres proyectos que están en la mesa del Senado se condujera sin la menor prisa posible durante los próximos meses. Y que de manera razonada, a través de un gran acuerdo (ley marco), se diera paso al replanteamiento a fondo del sistema hacendario del país y al establecimiento definitivo de una verdadera política energética de Estado.
De no ser así se corre el riesgo de agrandar las diferencias en una sociedad que está al borde de la ruptura por la situación social, económica y política del país.
Por ello puede ser que la Cámara de Diputados sea el verdadero escenario de la madre de todas las batallas.