■ Reyes Orona busca juicio político por tráfico de influencias

Promueve ex procurador fiscal demanda contra Santiago Creel

■ El senador negoció con Zedillo restructura de $23 mil millones con Inverlat

Roberto Garduño

Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal, acudió a la Secretaría General de la Cámara de Diputados a promover una demanda de juicio político contra el senador Santiago Creel Miranda, porque “abusando de sus atribuciones –que le correspondieron y corresponden sucesivamente como diputado federal, secretario de Gobernación y senador– benefició a terceros”.

La demanda promovida refiere que Creel negoció con Ernesto Zedillo la restructura de pasivos derivados del rescate bancario, con objeto de beneficiar a su primo Alejandro Creel Cobián, quien habría conseguido la modificación crediticia a la baja en el banco Inverlat por un monto de 23 mil millones de pesos.

Reyes Orona, quien presentó ante el órgano camaral un expediente de más de mil 500 fojas, documenta la dispersión del régimen de auditorías y la anulación del seguimiento de las cuantiosas pérdidas y quebrantos financieros a cargo de Banco del Sureste y Bursamex, intermediarias controladas por la familia Creel.

La denuncia de juicio político se remonta a 1999. No obstante, los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeñe encargos en el gobierno, “por lo que no resulta ocioso, y mucho menos pueden considerarse prescritas diversas responsabilidades que, a mi leal saber y entender, deben ser estudiadas por la Subcomisión de Examen Previo y, en su oportunidad, por las Comisiones Unidas, en términos de ley”.

De tal forma, tras la exoneración de Zedillo en 1998 por el proceso de rescate bancario, Santiago Creel asumió el control de la redacción del proyecto de ley por el que se crearía el Instituto de Protección al Ahorro Bancario.

“Las disposiciones transitorias negociadas por Creel Miranda e insertas en la propuesta hecha a Zedillo, a cambio de la restructura de los pasivos derivados del rescate bancario y de la exoneración política y jurídica de su persona, se han traducido en privilegios y prebendas financieras y fiscales con agravio al erario federal, concertadas y consumadas en la última década por diversos agentes involucrados, siendo directamente proporcional la participación a su ascenso político.”

Tal mecanismo surgió a partir de acuerdos y resoluciones de las autoridades financieras para restructurar y regularizar créditos bancarios, señala.

“Empleando para ello un mecanismo de restructura diseñado y operado directamente por Alejandro Creel Cobián, desde la responsabilidad de la dirección de crédito corporativo del Fobaproa y su subsecuente designación como vocal independiente en el IPAB, organismo en el que los acuerdos no sólo no fueron auditados técnicamente por profesionales imparciales, sino que dada la conformación de la Junta de Gobierno, se agrava la profundidad de los costos e irracionalidad de decisiones que redundan en deficiencias de recuperación, altos costos de administración de fideicomisos de cartera y, eventualmente, en la enajenación inexplicable de activos tangibles y crediticios del IPAB a empresarios cercanos a Vicente Fox Quesada”.

Debe recordarse –se advierte en la demanda– que Alejandro Creel Cobián “se había desempeñado años antes en un puesto de restructuración crediticia en Banco Inverlat (banco rescatado) y que su hermano Carlos Creel Cobián era el responsable de una operación de rescate que rebasaba 23 mil millones de pesos en Banco Santander, y que su primo Eduardo Creel había fungido como directivo y responsable del Grupo Financiero del Sureste”.

El banco y casa de bolsa integrantes de ese grupo fueron sustraídos inexplicablemente de las menciones expresas a los intermediarios financieros, en los artículos transitorios que ordenaron un proceso de revisión y auditoria.

“Debiéndose insistir en que Creel Miranda formuló las propuestas de redacción a las autoridades financieras e impulsó, junto con Carlos Medina Plascencia, la propuesta panista. A la fecha también hay indicios de que Alejandro Creel Cobián encabeza o mantiene directa relación con los accionistas rescatados de Inverlat, pretendiendo indemnizaciones o cantidades con cargo a los acuerdos alcanzados con las autoridades financieras, no obstante que negó personalmente ante el Senado tener el carácter de accionista de tal institución crediticia o de su controladora”.

Según señala Reyes Orona, “existen indicios relevantes que apuntan a la presunta participación de Creel Miranda en el capital de la controladora de esos intermediarios. El quebranto derivado de operaciones no esclarecidas perpetradas por intermediarios de ese grupo financiero con Nacional Financiera alcanzan más de mil millones de pesos, existiendo canalización de fondos a destinos aún no identificados, recursos que fueron subsumidos en la masa del quebranto absorbido en el rescate bancario por el gobierno federal.

“Las conductas desplegadas se continuaron ininterrumpidamente a lo largo de diversos procesos electorales y se extienden hasta el presente, siendo como se ha apuntado actos sucesivos en los que Santiago Creel Miranda, Alejandro Creel Cobián, Eduardo Creel Cobián, Carlos Creel Cobián, Fauzi Hamdan Amad, Roberto Murrieta Necoechea, Jonathan Davis Arzac y Adalberto Palma Gómez, tienen algún grado de participación que debe ser investigado (...).”