■ Debe diseñar protocolo de control de empleados, ordena el acuerdo nacional por la seguridad
En la SG se realizará autoevaluación del nivel de confianza en servidores públicos
En la Secretaría de Gobernación (SG) habrá autoevaluación en el contexto del “control de confianza” a servidores públicos ordenado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, ya que la dependencia es –junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)– la encargada de diseñar un protocolo ad hoc dirigido a empleados de “áreas sensibles” de organismos como el Instituto Nacional de Migración, dependiente de Bucareli.
De acuerdo con el artículo segundo de dicho pacto, corresponderá al Ejecutivo federal la tarea –a ejecutar en el transcurso de un año– de depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Las dependencias señaladas impulsarán lo anterior y, en particular, la creación de centros estatales de control de confianza certificados. Por parte de la SG podrían participar especialistas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de otras áreas vinculadas con la planeación estratégica y los asuntos jurídicos, incluidas algunas involucradas de manera constante en irregularidades o hechos de corrupción.
El acuerdo –con plazos específicos de cumplimiento– también ordena a Gobernación integrar una base de datos suficiente de los ciudadanos del país, para que a más tardar en tres años le pueda entregar una cédula de identidad a cada uno.
Al respecto, el titular de la SG, Juan Camilo Mouriño, dijo que con base en ese registro y la tecnología disponible se tendrá “mucha más certidumbre” en los trámites y una idea clara de la identidad de cada ciudadano, con el fin de utilizar esta información de manera ordenada.
La operación de ese registro correría a cargo del Registro Nacional de Población, pero los datos de cada ciudadano estarían disponibles para los órganos de inteligencia, según las atribuciones del propio Cisen.
Por último, el acuerdo compromete a Gobernación y a otras dependencias a consolidar redes de atención a víctimas del delito a escala nacional.
Bucareli también participará en la elaboración de una iniciativa de ley general del sistema nacional de seguridad pública, cuyo objetivo es avanzar hacia un modelo de policía homogéneo. El propósito es presentar el proyecto el mes próximo.
Denuncias contra el INM
Sobre la autoevaluación, cabe recordar que el INM, a cargo de Cecilia Romero, se vio involucrado en junio pasado en el caso de un grupo de cubanos “rescatado” por un comando armado.
Tras ese hecho, acerca del cual la SG admitió la existencia de servidores públicos corruptos, se ordenó la aplicación de exámenes a todo el personal del instituto, cuyos gastos corrieron a cargo, según Bucareli, de la SSP.
El INM ha recibido en la presente administración recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones a las garantías de extranjeros.
Sólo por citar un caso, el año pasado un colombiano, Lorenzo Rubio, permaneció más de tres meses en la estación migratoria del INM ubicada en Iztapalapa, y aunque solicitó refugio por temor a perder la vida en caso de ser repatriado, el 4 de noviembre de 2006 fue expulsado sin que el INM le notificara por escrito la resolución de la negativa de asilo y la orden de deportación.
El pacto firmado el jueves pasado por gobiernos, legisladores, jueces y grupos civiles señala que Gobernación regulará el funcionamiento de organismos públicos y privados de certificación para personal de instituciones policiacas, de procuración de justicia, del INM, de aduanas y de los centros de readaptación social federales. Además dará seguimiento a elementos dados de baja y comunicará los resultados a un observador ciudadano.
Aunque no se ha dado a conocer la forma en que arrancará este proyecto y los recursos que se requieren para aplicar miles de evaluaciones, Mouriño informó que se incluirán cuatro temas: control patrimonial de cada servidor público; examen sicométrico “para asegurarnos que quien tiene un arma está apto para portarla y usarla”; prueba toxicológica, cuyo propósito es verificar que no haya empleados con adicciones, y polígrafo, instrumento conocido como “detector de mentiras”.