■ No podemos reducir el tema a “si no pueden, renuncien” , advierte Juan Martín Granados
Revisarán procuradores propuesta de cadena perpetua a los secuestradores
■ Riesgo de caos si no se cumple la reforma penal, dicen en Chihuahua los impartidores de justicia
Chihuahua, Chih., 23 de agosto. Procuradores e impartidores de justicia del país se comprometieron a responder “con celeridad y solidez al legítimo reclamo de los ciudadanos de obtener seguridad integral y justicia penal expedita”.
Asimismo, advirtieron que se corre “el riesgo de vivir en el caos más importante de la historia” si no se cumplen los compromisos que implica la aplicación de la reforma penal.
En el contexto del octavo encuentro nacional de procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia, el magistrado José Castillo Ambriz, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, declaró que el encuentro “ha subrayado la necesidad de contar con servicios públicos que propicien una correcta procuración e impartición de justicia y que respeten los derechos humanos”.
“Hoy más que nunca existe la necesidad de cumplir en los tres ámbitos de gobierno los retos que la reforma penal implica, y así lograr su exacta aplicación, pues de no hacerlo se corre el riesgo de vivir en el caos más importante de la historia”, sostuvo.
Por su parte, el procurador de Querétaro, Juan Martín Granados Torres, dijo que en este espacio de discusión “no caben las afirmaciones absolutas que condicionan la viabilidad de un proyecto de reforma, y tal vez subordinándola también ante la falta de recursos económicos”, por lo que llamó a no quedarse sólo en buenas intenciones.
Pero “tampoco podemos reducir el tema a quienes dicen: ‘si no pueden, renuncien’, y que hoy muchos abanderan, editando el dolor, absolutamente respetable, de un ciudadano mezquinamente manipulado para incrementar la percepción negativa, logrando con ello detonar una campaña irracional de cuestionamiento”, dijo el procurador queretano.
Luego de la clausura del acto, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, dio a conocer que el 11 y 12 de septiembre próximo, los procuradores de todo el país analizarán la iniciativa de reformas legislativas que envió el presidente Felipe Calderón al Congreso –el pasado 8 de agosto–, en las que se propone sancionar con cadena perpetua el delito de secuestro.
Las declaraciones de Medina Mora fueron realizadas en un contexto en el que impartidores y procuradores de justicia coincidieron en que es necesario estructurar la estrategia nacional contra el secuestro y dar cumplimiento al contenido del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia.
Al clausurar la reunión, Medina Mora dijo: “asumimos la magnitud del reto y, por ello, los poderes judiciales de los estados y las procuradurías generales nos hemos pronunciado por cumplir a cabalidad cada uno de los objetivos y acciones del acuerdo nacional (…) que todos los sectores del país suscribieron el pasado jueves” en Palacio Nacional.
Posteriormente, durante una conferencia de prensa, el titular de la PGR señaló que la iniciativa presidencial contra el secuestro considera “castigar con cadena perpetua el delito cuando se comete bajo ciertas modalidades, como el asesinato o la mutilación de la víctima”, situación –agregó– “que deberá considerar el Congreso de la Unión”.
Añadió que “esta posible ley general del secuestro, simplemente homologaría los tipos penales en toda la República, sin perjuicio de la competencia del orden común que corresponde a este delito, y cuando esto pueda ser considerado por la PGR, en función de tratarse de delincuencia organizada”.
A los asistentes al encuentro, el titular de la PGR les dijo: “sabemos que tenemos frente a nosotros la gran oportunidad de transformar nuestro sistema de justicia penal, mediante la aplicación exitosa de la reciente reforma constitucional en la materia.
“No hay pretexto, todos somos responsables de edificar un nuevo sistema de justicia, un sistema que deje atrás los vicios generados por más de un siglo en el sistema mixto aplicado desde la Constitución de 1917; que deje atrás el sistema escrito, que se ha caracterizado por su lentitud, por la ausencia de los jueces en las audiencias y por la falta de objetividad que ello genera.
“Nuestro compromiso de cambio responde a la exigencia social de combatir y sancionar con rapidez y solidez la delincuencia, especialmente a quienes, dejando a un lado su sentido de humanidad, matan o secuestran.
“Por eso, los procuradores generales de justicia del país hemos acordado reunirnos el 11 y 12 de septiembre para avanzar en los compromisos asumidos en materia de secuestro en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia; desde ayer estamos trabajando para analizar las medidas legislativas, ministeriales, policiales y de reclusión que se tienen que aplicar en cada uno de los estados y en la Federación para hacer más efectivo el combate a este lacerante delito”.