Acordar para cumplir
La reunión nacional del consejo de seguridad pública, llevada a cabo el jueves pasado, es importante como primer paso en la dirección correcta, frente a los enormes retos que plantea a los gobiernos y a la sociedad el desfondamiento del Estado mexicano en materia de seguridad pública (probablemente no sólo en ese campo).
La responsabilidad mayor es de los gobiernos que en los últimos 14 años han dejado que el crimen organizado penetre en muchos ámbitos de los aparatos estatales. Visiones mezquinas y de corto plazo se enseñorearon, como las que han privado para enfrentar cada uno de los más graves problemas nacionales: desde la inseguridad hasta la educación, desde el desempleo y la migración hasta políticas económicas que nos han llevado al estancamiento, desde el petróleo hasta el desarrollo sustentable.
Por ello es importante que haya cambiado el tono con que hace apenas algunos días personajes como el presidente de la Asociación de Bancos de México, hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eludían sus responsabilidades para sumarse a un deporte nacional en el que seguramente ganaríamos medalla de oro: echar la culpa a los demás.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y Legalidad es un paso adecuado, dado que compromete a los principales actores de las elites políticas del país. Desafortunadamente, de ahí no se deriva una estrategia política para enfrentar el crimen. La pregunta clave es: ¿cómo nos aseguramos de que haya continuidad después de la foto?
El acuerdo de marras, en sí mismo, no ayuda a la continuidad. Son acuerdos específicos (aunque no concretos), pero son ¡75! Hay una especie de sesgo, del cual adolece prácticamente toda la clase política: buscar la integralidad escrita. Es decir, nada pero nada se puede escapar en el papel. A todos hay que darles por su lado. Resultado final: una absoluta incapacidad para establecer una real implementación y un correcto monitoreo de los acuerdos. Faltan para todos los acuerdos índices de desempeño. Se dice en el acuerdo 27 crear indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia con la participación de instancias ciudadanas (dos meses a partir de la creación del Observatorio Ciudadano). Bueno, esos indicadores deberán existir para cada uno de los acuerdos.
Además, los pactos adolecen de precisión lingüística y temporal. A mí no me hubiera gustado adivinar qué cruzaba por las mentes de los señores gobernadores de Oaxaca, Jalisco, Puebla, Chiapas o Veracruz cuando firmaron el compromiso 51: desarrollar programas por entidad federativa que incorporen el componente social de la estrategia de seguridad. Preferiría que hubiera una manera explícita de llamarlos a cuentas de manera simbólica ante la opinión pública y de manera más contundente a través de mecanismos como la revocación de mandato.
Muchos compromisos dispersan la atención. Los funcionarios públicos y, en general, la clase política (esto no es juicio de valor) tienen poco tiempo para concentrar su atención. Cuando se presenta algo como estos 75 acuerdos, a lo que nos encaminamos es a la disipación del tiempo público.
Hay cinco temas de la seguridad pública que todos mencionan y que requieren atención continua y permanente de todas las autoridades gubernamentales y de la sociedad: interrumpir y dañar los flujos monetarios del mundo del crimen. Controlar y detener, con la cooperación de Estados Unidos, el tráfico y contrabando de armas. Llevar una base de datos única y compartida entre todas las autoridades sobre las altas y bajas de todo el personal de la policía. Involucrar a la ciudadanía en la implementación y la evaluación de los resultados acordados. Sobretodo, privilegiar las labores de inteligencia y justicia expedita para reducir la impunidad. Con estas prioridades debería guiarse el cumplimento de los 75 acuerdos.