■ En la impunidad, los verdaderos autores de violaciones, afirman
Acusan ONG a la justicia mexicana de criminalizar a luchadores sociales
Las sentencias contra de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), incluido su líder Ignacio del Valle, parecen responder más a razonamientos políticos que de justicia, por lo que resultan “abusivas”, señalaron defensores de derechos humanos.
La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) subrayó que la resolución judicial en contra de los atenquenses demuestra la contradicción de la justicia mexicana, pues mientras se castiga y criminaliza a los luchadores sociales no han sido sancionados y “ni si quiera existen procesos judiciales abiertos” en contra de los autores intelectuales y materiales de los asesinatos, torturas, violaciones sexuales y otros abusos, por lo que éstos se mantienen en la impunidad, a más de dos años de las violaciones a derechos humanos en San Salvador Atenco.
La organización internacional, que ha realizado un par de informes sobre el caso Atenco en los que acredita los abusos perpetrados por los cuerpos policiacos y la responsabilidad de las autoridades, aseguró que “estas sentencias son completamente abusivas. En nuestras conclusiones pedimos la libertad de estas personas con base a la presunción de inocencia (...) Es inaplazable desmontar por completo el modelo de represión contra las expresiones de disidencia social y política. En este sentido, resulta urgente que las procuradurías estatales y la General de la República procedan a archivar todos los procedimientos en que la acusación se base en el patrón represivo referido con anterioridad, así como proceder a revisar la situación de privación de libertad de todos los presos políticos y de conciencia”.
Contario a ello, señaló el organismo, la condena a 45 años de prisión a Del Valle –con lo que acumula por una setencia anterior 112 años y medio de reclusión— y de 31 años a 10 integrantes del FPDT, que aún siguen presos, “se han producido con suma dureza y bajo la sospecha de obedecer más a razonamientos políticos que de justicia”.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, coincidió con los señalamientos de la CCIODH en el sentido de que son “abusivas” las sentencias contra los miembros del FPDT.
Agregó que paradójicamente, a dos años cuatro meses de los hechos, los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los civiles continúan en la impunidad.
Paulina Vega, presidenta de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que la resolución judicial contra los integrantes del FPDT resulta “desproporcionada”, debido a que se sentenció a luchadores sociales que, independientemente de sus acciones, demandaban justicia, en tanto que en la impartición de la justicia están ausentes de condena los “verdaderos delincuentes”, como lo demostró la reunión del Consejo Nacional de Seguridad.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez manifestó su solidaridad con los 11 atenquenses sentenciados “injustamente” por los delitos de secuestro y ataques a las vías de comunicación.
El organismo hizo además un llamado al gobierno del estado de México a “cancelar la represión contra las personas que fueron detenidas en Atenco y Texcoco”.
Consideró que la resolución judicial dictada fue “grave”, ya que tiende a criminalizar a la protesta social.