■ Obstruyen el diálogo incluso con grupos afines al gobierno, acusan
Autoridades alistan desalojo de indígenas en los Montes Azules
■ Intimidan a poblados chiapanecos con visitas de soldados armados
Ocosingo, Chis. 22 de agosto. Las organizaciones indígenas afines al gobierno estatal con poblados dentro de Montes Azules empiezan a encontrar cerrada la solución a sus demandas de tierra, al menos a través del diálogo con las autoridades. No es secreto que el gobierno federal pretende “vaciar” el área de la selva Lacandona, considerada reserva de la biósfera.
A diferencia de los gobiernos autónomos de los municipios zapatistas, las organizaciones de filiación perredista o priísta llevan años en “mesas” de diálogo, cuyo verdadera finalidad es “convencer” a los indígenas de que abandonen sus poblados. Desde el periodo foxista se han desalojado numerosas localidades. Unas, con violencia extrema, como Nuevo Velasco Suárez en 2006. Otras, con promesas de tierra mal cumplidas y volátiles programas.
De los conjuntos habitacionales “negociados” por el gobierno foxista -Santa Martha, Nueva Magdalena y Nuevos Montes Azules-, el último es casi fantasma y los dos primeros trampolines a la migración o el desempleo. Pero los indígenas salieron de sus tierras, que era de lo que se trataba.
Presión oficial
Ahora, las autoridades ambientales y militares aprietan para expulsar más poblados de la zona de los Montes Azules y la llamada zona de amortiguamiento, en tierras reclamadas por la Comunidad Lacandona, vieja aliada del gobierno para echar a los demás pueblos de la selva maya y propietaria legal de más de 600 mil hectáreas. Esta semana, el gobierno festinó el “acuerdo” de los pobladores de Flor de Cacao para abandonar mil 549 hectáreas, “de manera voluntaria”.
La Red por la Paz, conformada por organismos civiles de San Cristóbal de las Casas y Ocosingo, se unió hoy a la denuncia de la Aric Unión de Uniones Independiente y Democrática (Aric UU-ID) por la irrupción de funcionarios y fuerzas federales en Ranchería Corozal, en la cuenca del río Negro, el 15 de agosto.
Enviados de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Reforma Agraria y la secretaría estatal de Gobierno, acompañados por unos 50 soldados y policías, “en forma intimidatoria” plantearon a los indígenas “que no tenían otra alternativa que abandonar el lugar y optar por la indemnización o la reubicación”.
En tanto, los miembros del Ejército y los policías, todos armados, realizaron un conteo de viviendas y midieron las superficies ocupadas. Sin posibilidad de un “diálogo verdadero”, la comunidad se manifestó por permanecer “en las tierras en las que han vivido por muchos años”.
La Aric UU-ID, reconoce la Red, mantenía “una postura de diálogo con las autoridades federales y estatales de Chiapas, en la Mesa Agraria-Ambiental, a fin de logar la regularización de las comunidades sin títulos agrarios”. Pese a su “voluntad” para lograr un acuerdo “que reconozca el derecho de las comunidades a la tenencia de la tierra”, la respuesta gubernamental “ha sido insensibilidad, falta de voluntad y de respeto a los acuerdos contraídos”.
Ello “pone de manifiesto su incapacidad para proponer alternativas que contribuyan a la sustentabilidad de las comunidades y el medio ambiente, y a saldar una deuda histórica con los pueblos originarios de estas tierras”.
Ante la “decisión” gubernamental de imponer la indemnización o la reubicación como únicas vías para una “solución negociada”, la Aric UU-ID se retiró de la mesa gubernamental. La Red por la Paz apunta que, por lo demás, los funcionarios han declarado “cancelada” la vía de diálogo y de la negociación para las comunidades en los Montes Azules sin títulos agrarios.
Juan Antonio Sandoval Flores, delegado de Profepa en Chiapas, declaró que se evalúan estrategias de desalojo para los invasores, catalogados como “altamente violentos”. Los organismos civiles prevén que las próximas acciones oficiales “estarán orientadas a preparar y justificar el desalojo de los poblados que no acepten indemnización y reubicación”.
Según la Red, “las comunidades indígenas no son la verdadera amenaza; por el contrario, son las que pueden garantizar la protección y manejo de la selva. Son los poderes fácticos y las transnacionales interesadas en los recursos naturales la amenaza real, y el gobierno responde a estos intereses y les crea las condiciones legales necesarias”.