■ Senadores critican el pacto recién firmado; le falta sustento jurídico
Priístas dicen que preparan un plan integral anticrimen
■ Incluyen en agenda legislativa seguridad y Pemex, entre otros
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Familiares de personas recientemente ejecutadas en Creel, Chihuahua, durante su manifestación de ayer en la capital del estado, en demanda de que se detenga a los responsables de los homicidios
Foto: Notimex
Aguascalientes, Ags., 22 de agosto. El grupo del PRI en el Senado concluyó este viernes su quinta reunión plenaria con la determinación de impulsar una reforma integral en seguridad pública y con críticas al acuerdo nacional contra la criminalidad y la violencia, que el jueves se firmó en Palacio Nacional.
El senador Jesús Murillo Karam dijo que hay “una falla sustancial” en ese pacto, pues no cuenta con una ley que vincule todos los propósitos, por lo que podría quedar en sólo buenas intenciones. Por ello, dijo, el PRI trabaja en una propuesta integral, seria para dar sustento jurídico y convertir en ley ese pacto.
Detalló que en el próximo periodo de sesiones, los priístas trabajarán en profundizar la reforma judicial, y combatir la delincuencia organizada de manera más efectiva. Para ello plantearán una ley federal antisecuestros y otras modificaciones legales, que permitan crear un centro de información e inteligencia que aglutine lo concerniente, a los cuerpos policiacos del país.
Responsable del tema de seguridad en la bancada priísta, Murillo precisó que este órgano no tendrá nada que ver con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, (Cisen), ya que estará dedicado por completo a concentrar, huellas dactilares, nóminas, bajas, y toda la información de los policías federales y estatales, para establecer una inteligencia de seguridad que permita enfrentar adecuadamente a la delincuencia.
Con ese organismo, insistió, se podrá detectar si algún policía tiene órdenes de aprehensión en otros estados o fue despedido de alguna corporación por conductas indebidas.
Reconoció que crear un centro de esta naturaleza es complejo, y requiere de la coordinación entre el gobierno federal y los mandatarios de cada entidad.
La propuesta del PRI, agregó, incluye contar con un registro nacional de vehículos y que todos los teléfonos celulares tengan un registro real, a fin de determinar de qué aparato salen las llamadas para extorsionar o pedir rescate por secuestradas.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Pedro Joaquín Coldwell, informó que su bancada promoverá en el periodo de sesiones, que se inicia en septiembre, modificaciones a la Ley de Amparo y cambios que permitan modernizar al Poder Judicial.
En el caso de la Suprema Corte, precisó que la intención es permitir que tenga derecho a presentar iniciativas, y disminuir de ocho a siete el número de ministros que se requieren para votar controversias constitucionales.
Agenda de prioridades
Los priístas aprobaron una agenda de prioridades de 10 puntos, que encabeza la reforma en seguridad, sigue con la reforma a Pemex, la segunda fase de la reforma al Poder Judicial, seguida de modificaciones al Congreso, a la política social, así como fortalecimiento al federalismo entre otros.
La agenda incluye un punto en el que el coordinador Manlio Fabio Beltrones insiste, que es impulsar cambios a la Ley de Desarrollo Social, para que los programas contra la pobreza no se utilicen con fines partidistas o electorales. La propuesta contempla reglas de operación que fijen calendarios y obligaciones de los tres niveles de gobierno y establecer un perfil profesional para el nombramiento de los funcionarios que tendrán a su cargo operar los recursos federales.
Se retiró la propuesta de desaparecer la Sedeso, pero se acota su funcionamiento al establecer que los estados puedan participar en el manejo de los padrones de beneficiarios y que éstos sean públicos y accesibles.
A la clausura de la plenaria de los senadores del tricolor asistió, junto con la dirigente nacional, Beatriz Paredes, el coordinador de los diputados, Emilio Gamboa, quien no descartó la posibilidad de citar a comparecer a Felipe Calderón al Congreso, a fin de que aclare dudas sobre la inseguridad en el país y la estrategia para combatirla.
Precisó que, aunque el nuevo formato del Informe presidencial exime a Calderón de acudir a la Cámara el próximo 1º de septiembre, el Congreso le puede pedir información adicional o incluso citarlo a comparecer.