■ Reprime la policía a discapacitados que protestaban por desalojo
Rechaza el gobierno boliviano amenaza de paro de prefectos y dirigentes cívicos
La Paz, 15 de agosto. El vicepresidente Alvaro García Linera exhortó a gobernantes y dirigentes cívicos de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca a hacer una “lectura responsable sobre la realidad del país”, ante el anuncio de que realizarán un paro cívico el 19 de agosto y declararon “personas no gratas” a funcionarios del gobierno nacional, en tanto no se les devuelvan los recursos fiscales (impuestos directo de hidrocarburos, IDH) utilizados por el gobierno para el pago de un bono a ancianos.
El Consejo Nacional Democrático (Conalde) tomó esas decisiones el jueves pasado en una reunión en que acordaron además solicitar una auditoría al padrón electoral, luego de conocerse “casos de fraude durante el referendo y después de que la Organización de Estados Americanos informara que 11 por ciento de las mesas de sufragio no fueron supervisadas”.
En un comunicado, el gobierno cruceño señaló que el monto reclamado a la administración nacional por la Conalde asciende a 270 millones de dólares, correspondiente a 30 por ciento de los ingresos de cada región.
“El presidente excusa el pago de un bono a la tercera edad para hacer este recorte. Sin embargo, el monto que se necesita para este desembolso corresponde sólo a 70 por ciento de ese total”, indicó.
Los prefectos retomaron la campaña por la recuperación de los recursos fiscales menos de una semana después del referendo revocatorio de los mandatos del presidente, el vicepresidente y ocho de los nueve prefectos, que sólo obliga a la remoción de los gobernantes de dos departamentos, La Paz y Cochabamba.
Para el gobierno central, afirmó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, detrás de las protestas por la devolución de los recursos del IDH “hay intereses totalmente vinculados a los intereses políticos de los prefectos” de la derecha boliviana.
En otro orden, en Santa Cruz la policía nacional dispersó con gases a discapacitados que pretendían ingresar a las oficinas del Comando Departamental –apoyados por familiares y vecinos e integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista–, luego que durante la madrugada los desalojaran por la fuerza de las instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que ocupaban desde hace 26 días en demanda del pago de un bono de 5 mil bolivianos (unos 705 dólares) anuales.
Luego de estos sucesos, García Linera, en su calidad de presidente del Congreso Nacional, convocó de emergencia a los legisladores para discutir y aprobar la ley de discapacidad, que eventualmente servirá para satisfacer las demandas del sector y acabar con las protestas, iniciadas hace medio mes.