CIDH admite 2 casos contra el Estado mexicano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió dos casos de denuncias contra el Estado mexicano por violación de garantías –uno por agresiones de militares y el otro por la vulneración de derechos judiciales–, luego de que los agraviados acudieron al órgano internacional ante la falta de acceso a la justicia nacional.
El primer caso admitido es el de Mirey Trueba Arciniega, quien murió a causa de disparos de un teniente coronel de infantería en Chihuahua. El 22 de agosto de 1998 Mirey, en compañía de su hermano Vidal y de Jorge Jiménez García, viajaba en una camioneta cuando elementos del Ejército les marcaron el alto.
Ante ello el joven salió corriendo del vehículo, por lo que el teniente coronel Luis Raúl Morales Rodríguez le disparó al menos 10 veces, lo que ocasionó que se desangrara hasta morir; aunque los acompañantes del agredido intentaron auxiliarlo, los soldados lo impidieron y los acusaron de narcotraficantes.
El padre del joven interpuso una denuncia ante el Ministerio Público del fuero común, pero el caso se trasladó a un juzgado militar que sentenció a Morales Rodríguez a ocho años de prisión ordinaria y lo inhabilitó para el ejercicio de su cargo por ese lapso. Sin embargo, el Supremo Tribunal Militar recalificó el delito a homicidio culposo y redujo la pena al victimario a un año, 11 meses.
Por ello y con asesoría del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, los familiares de Mirey presentaron una solicitud a la CIDH, que resolvió admitir el caso, pues “se configuró una presunta falta de acceso a un recurso judicial adecuado e independiente para la investigación, juzgamiento y sanción del responsable”.
Derecho a un juicio justo
El segundo caso es el de Ricardo Ucán Seca, indígena maya de Yucatán, quien denunció haber sido vulnerado su derecho a un juicio justo, pues fue condenado a 22 años de cárcel por privar de la vida a una persona, aunque lo hizo en defensa propia.
Entre las irregularidades en que incurrió en este caso la justicia estatal destaca que pese sólo hablar maya, Ucán “no contó con una defensa adecuada ni tuvo intérprete traductor” durante el proceso judicial en su contra.
Agotados los recursos locales, el agraviado acudió a la CIDH desde 2004 y ayer el organismo internacional dijo que admitió el caso debido a que presuntamente se vulneraron varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en prejuicio de Ucán Seca.