■ Di Costanzo señala en foro grandes huecos del régimen tributario
Alto grado de opacidad en operación de la paraestatal: Auditoría Superior
La discrecionalidad reiterada en el manejo de los recursos públicos provoca un alto grado de opacidad en Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual “es indispensable combatir”, sostuvo Arturo González de Aragón, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al acudir a la Cámara de Diputados para exponer la situación administrativa y financiera de la paraestatal –de acuerdo con los resultados de la fiscalización realizada por el organismo–, González de Aragón estableció que “en el caso de Pemex, el exceso de discrecionalidad de servidores públicos en el otorgamiento de préstamos, donativos diversos y asignación de contratos ha propiciado que la ASF presente denuncias penales por cerca de 3 mil 400 millones de pesos”.
Otro ejemplo de discrecionalidad –dijo– está en el manejo de los recursos excedentes producto del petróleo. En 2005, del total de esos fondos, la Secretaría de Hacienda descontó el costo financiero de la deuda de Pemex sin comprobar documentalmente esa aplicación; en 2006, de dichos ingresos dedujo 8 mil 614 millones de pesos para financiar ampliaciones presupuestales autorizadas a diferentes dependencias y entidades para cubrir adeudos del impuesto sobre la renta.
Informó que entre 2003 y 2007 el monto de los excedentes distribuibles a las entidades federativas ascendió a 117 mil millones de pesos, de los cuales fueron efectivamente entregados 95 mil, y el resto se destinó a incrementar la reserva del Fondo de Estabilización de Ingresos de los Estados. A esto se suma que de 2003 a 2007, “el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros recibió recursos fiscales excedentes por 61 mil millones de pesos, los cuales han sido manejados en forma discrecional”.
Por lo que toca al régimen fiscal de la paraestatal, González de Aragón expuso que la Ley Federal de Derechos es “confusa” para determinar la base sobre la cual se pagan los derechos sobre hidrocarburos, por lo que recomendó:
“Aprobación de una verdadera reforma fiscal con base en los principios de legalidad, equidad, universalidad, simplificación y certidumbre jurídica; planeación a largo plazo de las operaciones de Pemex; reducir la burocracia, la tramitología y la gran discrecionalidad; reforma laboral en la paraestatal que incluya la revisión de sus políticas de remuneración, planes de jubilación y de relaciones con el sindicato; reingeniería de sus principios operativos; modernización de su planta productiva y reducción de su estructura orgánica y de su aparato administrativo”, entre otras medidas.
Durante el foro, convocado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Alejandro Werner, estableció que en 2005 y 2007 los cambios al régimen fiscal de Pemex generaron herramientas adecuadas para dar como resultado rendimientos positivos antes y después de impuestos, y con ello proveerla de un creciente monto de ingresos.
No obstante, el doctor Fluvio Ruiz, especialista en el tema petrolero, advirtió que Hacienda posee una notable ventaja comparativa en términos de información económica y financiera, lo que le permite incidir en los montos, ritmos de entrega y asignación presupuestaria para apuntalar las variables financieras y macroeconómicas.
“Hacienda controla y reparte la totalidad de los ingresos excedentes del petróleo con base en criterios financieros convertidos en obligaciones de ley. En primera instancia, 90 por ciento de los ingresos excedentes –petroleros y no petroleros– tiene un destino financiero, no productivo, como si no urgiera la inversión, particularmente en la paraestatal”.
A esto se sumó Mario di Costanzo, secretario de hacienda del “gobierno legítimo”, quien expuso que en México el régimen tributario tiene grandes huecos y permite la existencia de regímenes fiscales especiales que hacen que las grandes empresas prácticamente no paguen impuestos. Y en el caso de Pemex –dijo–, las aportaciones fiscales no se reducen al pago de impuestos y derechos, sino que incluye el llamado superávit primario, para incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno.