Editorial
STPRM: corrupción, represión y encubrimiento
La toma del edificio del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), ocurrida la madrugada de ayer en protesta por la permanencia “ilegal” de Carlos Romero Deschamps al frente del gremio, seguido por el violento desalojo realizado por grupos de choque afines a la dirigencia, evidencia una vez más el rosario de vicios, corruptelas y pactos de impunidad que prevalecen dentro de la organización, y no sólo afectan la vida sindical, sino que representan un lastre para el desarrollo de la industria petrolera nacional y, por ende, de la nación en su conjunto.
El hecho muestra, en primer lugar, la explosiva situación que se vive en el STPRM, dividido y confrontado por la creciente desaprobación hacia el dirigente petrolero. El sindicato llega así a su 73 aniversario invadido por prácticas antidemocráticas, dirigencias gansteriles, opacidad en el manejo de recursos, denuncias por venta de plazas, malversación de cuotas, abuso de poder, violación a los estatutos y una constante represión contra los trabajadores que se oponen a Romero Deschamps.
La sola presencia de estos elementos debiera ser motivo suficiente para que las autoridades federales emprendieran un saneamiento a fondo de las condiciones que imperan en el gremio, pero todo apunta a que existe un pacto de impunidad entre el grupo que detenta el poder y la dirigencia del STPRM, lo cual permite que la mafia que encabeza el líder siga operando.
Esta situación, que de suyo es motivo de alarma y desaprobación, genera preocupaciones adicionales en un entorno en que se discuten iniciativas de reforma al estatuto legal de Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante las cuales se pretende entregar segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos a particulares. En efecto, quienes promueven tales modificaciones argumentan la necesidad de revertir la difícil situación financiera de la paraestatal, pero en las propuestas presentadas hasta ahora por el Ejecutivo federal y el Partido Revolucionario Institucional no se plantean mecanismos que permitan combatir la corrupción del sindicato petrolero –como la que campea en todos los ámbitos de la administración pública–, que constituye una importante fuga de recursos públicos y ha contado durante años con la complicidad y el encubrimiento del poder, a pesar del cambio de siglas en el gobierno.
De esta forma, las iniciativas concebidas por el PRI y Los Pinos, además de abonar a los intentos de privatización de Pemex iniciados hace más de dos décadas en concordancia con el inicio del ciclo neoliberal, ofrecen el mantenimiento de una dinámica que, ciertamente, constituye una de las principales amenazas para la viabilidad de la paraestatal. Es de suponer que, aun con la reforma, los dirigentes del sindicato petrolero continuará sangrando las arcas de Pemex en beneficio de intereses corruptos y en perjuicio de los trabajadores y la nación entera.
Por lo demás, el empleo de golpeadores en el desalojo del inmueble de la colonia Guerrero evidencia un cariz autoritario, represor y sordo al diálogo que se reproduce inclusive en las más altas esferas del poder público: baste con mencionar los acontecimientos de ayer en Veracruz, cuando elementos del Estado Mayor Presidencial acallaron una manifestación de protesta –significativamente en contra de la privatización de Pemex– durante la gira de Felipe Calderón Hinojosa por esa entidad. La permanencia de esos elementos abona a la proliferación del descontento social, merma las perspectivas de solución de conflictos laborales, políticos y sociales, y resulta totalmente inaceptable en un régimen pretendidamente democrático.