■ Dichas instituciones tramitaron los documentos usando el RVOE de otros planteles

Validará la SEP certificados de prepa de escuelas sin registro

■ Particulares que tienen reconocimiento literalmente lo usan para maquilar dichos documentos; cobran de 5 mil a 15 mil pesos por cada uno: Zsékely

■ Anuncia aplicación de operativo con Profeco

Laura Poy Solano

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que “regularizará” los certificados de bachillerato emitidos por instituciones particulares que, sin tener el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE), tramitaron el documento utilizando el registro de otra escuela privada que sí cuenta con aprobación oficial, para que los estudiantes no se vean afectados.

Al anunciar la aplicación en todo el país de operativos conjuntos entre la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la SEP, dentro del Programa Especial de Verificación y Vigilancia Regreso a Clases y Escuelas Particulares 2008, el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, reconoció que mediante denuncias ciudadanas se detectó a escuelas privadas que “sí cuentan con un RVOE, pero literalmente lo utilizan para maquilar certificados a instituciones que no lo tienen, servicio por el que cobran de 5 mil a 15 mil pesos por documento”.

Destacó que el compromiso de la dependencia es que “cualquier alumno que haya pasado por el bachillerato, y que podamos verificar las condiciones en que realizó sus estudios, pueda regularizar su certificado para que no se vea afectado”.

Cientos de estudiantes afectados

Aseguró que los “ciudadanos que se aproximen (a la SEP) a resolver un asunto de este tipo van a tener un certificado de bachillerato con validez oficial”. Informó que de las 10 escuelas que se han detectado hasta el momento por presunta venta de certificados, dos ya han sido verificadas, mientras que las ocho restantes “no han abierto sus puertas”. Sin embargo, reconoció que han sido “cientos de estudiantes” los que han pasado por sus aulas en años anteriores.

El funcionario agregó que se requiere la denuncia directa de padres de familia y alumnos para “tener nombre y apellido del estudiante, y con estos datos hacer un operativo”, pues aseguró que se debe seguir un proceso administrativo. Respecto a los dos casos conocidos –dijo–, “esperaremos a que transcurran los 10 días, después de la última advertencia que impuso la Profeco, para turnar el caso a la Procuraduría General de la República, denunciando no sólo el engaño al consumidor, sino el uso de un registro para un acto ilegal”.

En conferencia de prensa, a la que asistió Antonio Morales de la Peña, titular de la Profeco, Székely señaló que de las 278 instituciones a las que se les retiró el RVOE por diversas irregularidades, se han inspeccionado 63. De estás, 13 no subsanaron las inconsistencias detectadas, por lo que se procedió a instalar “sellos precautorios”, a fin de informar al usuario del riesgo de inscribirse en una escuela que puede no contar o perder el registro oficial”.

También informó que se “prevé que en los próximos días puedan iniciar operaciones 90 de las 278 escuelas sin RVOE”, las cuales “permanentemente son monitoreadas, para que en cuanto abran sus puertas podamos verificarlas de inmediato”.

Por su parte, Morales de la Peña destacó que entre las principales anomalías detectadas en las instituciones que ya han sido visitadas destacan: exhibir documentos del RVOE con un domicilio distinto al de la prestación del servicio educativo, informar que los estudios ofrecidos cuentan con registro sin acreditarlo, impartición de estudios complementarios sin informar que éstos no cuentan con reconocimiento oficial.

Además, ostentar claves de incorporación a la SEP distintas a las notificadas, proporcionar datos engañosos sobre promociones en costos de colegiaturas, establecer la negativa o condicionamiento del servicio en el reglamento interno del plantel educativo, condicionar el servicio a la adquisición de uniformes y útiles escolares en tiendas que operan dentro de las escuelas, informar mediante folletos y rótulos que se imparten más carreras de las que realmente tienen, utilizar la leyenda ‘precios sujetos a cambios sin previo aviso’ o aplicar restricciones sin informar de manera clara en qué consisten.

Entre las sanciones que podrían aplicarse a las instituciones que incurran en alguna de estas irregularidades está una multa de 500 a 2 millones de pesos, así como la clausura de las instalaciones hasta por 90 días.