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Cereales, Oleaginosas y Organización Económica de los Productores Ivan Polanco
Los granos básicos y las oleaginosas (maíz, frijol, arroz, trigo, sorgo, cebada, avena, soya) son el subsector más importante de la agricultura mexicana. Contribuyen con 65 por ciento del producto interno bruto agropecuario, silvícola y pesquero. El 80 por ciento de la superficie sembrada del país se destina a su producción en 2 mil 500 municipios, es decir en 81 por ciento del total y en todas las entidades federativas. Del conjunto de 4.2 millones de ejidatarios y comuneros, 70 por ciento siembra alguno de estos cultivos. El subsector aporta la mayoría de los alimentos para la población, así como para la engorda animal y la agroindustria. El Programa de Apoyos Directos (Procampo) beneficia, según datos de 2007, a 2.4 millones de productores de granos con una superficie de 12 millones de hectáreas, de la cual 12.5 por ciento corresponde a zonas indígenas, 33.3 a zonas de alta y muy alta marginación y 50 por ciento a propiedades de mujeres, jóvenes y adultos mayores. El 75 por ciento de los granos y las oleaginosas se cultiva en régimen de temporal y sólo 25 por ciento bajo riego. Según el padrón de Procampo, 84.7 por ciento de los predios del subsector tiene cinco o menos hectáreas. Del total de 31 mil 518 ejidos y comunidades, únicamente 13.7 por ciento dispone de algún tipo de bodega para almacenar las cosechas de granos. La (des) organización económica de los productores de granos y oleaginosas. La falta de organización económica de los productores de granos básicos con autonomía, independencia y autogestión es una de las causas principales por las que el subsector ha sido sometido a un prolongado y radical proceso de desmantelamiento, descapitalización y empobrecimiento de 1982 a la fecha. La inclusión de estos cultivos en el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representó el golpe más demoledor a los intereses de los campesinos graneros del país. A diferencia de los países industrializados y otros en vías de desarrollo como China, Cuba, Vietnam, en que los productores de granos básicos se encuentran organizados a escala local, regional y nacional, en México apenas un 10 por ciento participan en una organización económica autónoma e independiente. A continuación se presenta un panorama de la situación de (des) organización económica de los productores del subsector. Organización por ramas de producción CNC-PRI. Formalmente los productores de maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz y cebada del país están integrados a las uniones o confederaciones por rama de producción de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las cuales son organismos políticos, cupulares, de carácter gremial, no económicos, no representativos, autoritarios, asociados a cacicazgos, subordinados a los intereses político-electorales del PRI y generalmente sometidos a las políticas gubernamentales y a los intereses de las grandes empresas agroprocesadoras de cada rama. Organizaciones por sistema-producto. Estas figuras establecidas en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable fueron constituidas desde la Secretaría de Agricultura de manera autoritaria, antidemocrática y no representativa. Los consejos nacionales por sistema-producto (maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, cebada) están dirigidos ya sea por representantes de la CNC o por los directivos de las empresas procesadoras líderes en el sistema-producto. Son una expresión del neocorporativismo panista y su alianza con el viejo corporativismo priísta, al servicio de las corporaciones agroalimentarias y de las políticas gubernamentales anticampesinas. Organizaciones económicas de productores privados. En la mayoría de las regiones agrícolas desarrolladas del país, los grandes productores de granos se agrupan en organizaciones económicas para la producción, comercialización, financiamiento, asistencia técnica, etcétera. Representan a una minoría de productores pero con una gran capacidad económica y política. Sin embargo, no han sido capaces, en la mayoría de los casos, de articularse a escala estatal (con excepción de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, CAADES) y mucho menos nacional. Su incidencia en los mercados nacionales es limitada e influyen poco en el debate y orientación de las políticas públicas para el sector. Organizaciones económicas de productores del sector social. A partir de la década de los 80s surgieron importantes organizaciones económicas de pequeños y medianos campesinos de granos básicos. El propósito principal estaba orientado a controlar los procesos productivos y a luchar por la apropiación de los excedentes económicos. Nacieron organizaciones regionales muy importantes en Jalisco, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, entre otros. A partir de los 90s, y sobre todo de la puesta en vigor del TLCAN, se desplegó un proceso de organización comercial de pequeños y medianos productores de granos con la creación de empresas comercializadoras campesinas autónomas y de integradoras campesinas independientes. Sobresale el trabajo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros y de organizaciones económicas regionales de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). Director de Políticas Públicas de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, A.C. (ANEC).
Sonora Una Forma Novedosa de Cultivar el Ejido
Guillermo Correa Modelo único en el mundo orientado al rescate de las tierras rentadas del sector social, la empresa campesina Tetabiate cosecha éxitos desde hace cuatro años, cuando surgió en Sonora. Pronto llamó la atención en Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Guanajuato, al grado de que ahora la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) se comprometió a impulsarlo en todo el país. Todo empezó al tomarse en cuenta que de las 322 mil 956 hectáreas que tiene el sector social sonorense, 258 mil 365 se encontraban en 2004 en poder de los arrendatarios; el resto se sembraba con el trabajo y apuros de la gente. Esta situación y la fuerte derrama económica que genera la renta de tierra en el norte de la República, donde más de 80 por ciento de los predios ejidales se arriendan, fue lo que llevó a la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Sonora, que preside Salvador Sánchez Peñuelas, a impulsar el programa de rescate de tierras lucradas por medio de Tetabiate. El objetivo es combatir el cáncer social en que se ha convertido este tipo de renta en todo el país, producto de políticas para el campo mal orientadas, baja rentabilidad agrícola, altos costos de producción, además de los efectos del monocultivo, el minifundismo, la baja transferencia de tecnología y la gran cartera vencida que tiene a muchos en el buró de crédito. Se busca lograr una organización campesina que participe en la solución estructural de los problemas, en especial los del sector social. Por ello Tetabiate pretende pasar del reparto agrario a la reforma agraria productiva, y poco a poco lo ha logrado; el objetivo del modelo es reincorporar a los ejidatarios a la vida productiva y que el bienestar y la gracia que da la tierra sean para sus dueños. La característica del modelo social cenecista es ser una empresa integradora, propiedad de los ejidatarios, con un consejo de administración fuerte, constituido por el ejido, la banca (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA), gobierno, CNC y una empresa comercializadora. La novedosa forma productiva cuenta con una autorrenta: los hijos de ejidatarios rentan la tierra a los padres, quienes al mismo tiempo reciben un salario por trabajar en ella; una economía de escala, administración empresarial y una agricultura por contrato. De ahí que los beneficios tanto directos como adicionales van a parar a la gente que lo necesita y no al que renta la parcela. Las utilidades de la empresa social sirven para el pago de carteras vencidas, seguro social, vivienda, becas y reconversión productiva. El plan piloto de mil 16 hectáreas en el ejido El Yaqui, beneficia a más de 350 campesinos. Los problemas que se tuvieron el primer año fueron: la renta que se tenía en algunos predios convenida por más de un ciclo agrícola, la falta de existencia de un esquema de financiamiento, la desconfianza, la incredulidad, la rumorología, la escasez de agua al inicio de la siembra, plagas, enfermedades y el promedio de producción histórico por hectárea que había bajado considerablemente. Resultados positivos. A pesar de todo, el éxito fue total; se logró una utilidad de un millón 955 mil 485 pesos; la generación de seis mil 815 jornales; el pago del impuesto ejidal; rehabilitación de infraestructura; adquisición de maquinaria; el pago de garantías líquidas, y mayor acceso a programas de apoyos, entre los que figuran la rehabilitación de viviendas y colocación de pisos firmes. El rescate de tierras se ha traducido en obras y un gran “bombazo social” en servicios médicos para el campesinado, mejoras en sus casas, educación, acceso a programas de apoyos como Alianza para el Campo y mejor distribución de la riqueza. Esto ha sido objeto de envidias de otras organizaciones de productores, pero sobre todo de mala fe de los que llegan a rentar las tierras. Pero que las tierras vuelvan a beneficiar a los legítimos dueños, como quiere la CNC, requiere más voluntad política de parte de las autoridades estatales y federales, lograr una coordinación interinstitucional y más recursos financieros, así como más garantías líquidas. Para todo ello se ha estado trabajando, señaló Sánchez Peñuelas; en el ciclo agrícola 2006-07 se logró la meta de rescatar 12 mil 500 hectáreas en beneficio de miles de cenecistas sonorenses. Los cultivos que se establecieron mayoritariamente fueron trigo, cártamo y alfalfa. Proyecto pecuario. Pero además la CNC en Sonora impulsa, por medio de Tetabiate, un ambicioso proyecto de repoblación del hato ganadero (con la meta de 10 mil vaquillas cargadas y 10 mil vientres de producción), cuyo propósito es reactivar la economía y la actividad pecuaria de las zonas rurales más apartadas de la entidad. Hoy la actividad pecuaria enfrenta baja capacidad instalada, cierre de las industrias farmacéuticas y veterinarias, discriminación de la investigación, escasa transferencia de tecnología e imposibilidad de efectuar nuevas inversiones. Lo más grave es que en el país existe un déficit de 10 millones de cabezas y los productores arrastran una cartera vencida superior a los cuatro mil millones de pesos. En Sonora había un inventario de 900 mil vientres a finales de los 90s, y luego de diez años de sequía y del desalojo de animales improductivos, hoy la cifra es de alrededor de 700 mil. La estrategia será un detonante económico para las unidades de producción y ranchos diseminados en el medio rural, que por falta de recursos y apoyos mantienen deprimida la actividad, situación que se ha recrudecido en los 15 años recientes. |