14 de agosto de 2008     Número 11

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada

FOTO: ARIC ID

Saldos de la Reforma Salinista:

Desarticulación de las Organizaciones Sociales Agrarias

Francisco Godoy Cortés

Desde hace unos 25 años empezó la crisis y el abandono gubernamental del campo mexicano. En 1992 se reformaron el artículo 27 Constitucional y gran parte del marco jurídico agrario, y se dio por concluido el reparto agrario. En compensación se prometió otorgarles la mayoría de edad a ejidatarios y comuneros y por tanto la capacidad de decidir sobre el destino de sus tierras. También se ofreció seguridad jurídica mediante la regularización de la propiedad y con ello fomentar la capitalización en el campo; atraer créditos, apoyos gubernamentales e inversión pública y privada; revertir el minifundio; generar empleo, producción, ingreso, desarrollo y bienestar social, y mayores niveles de procuración e impartición de justicia social para este sector, lo cual sería posible promoviendo la organización y las formas jurídicas de ésta, las asociaciones con fines productivos.

Tierra dividida. A más de 16 años, cualquier análisis serio reconoce que los resultados son muy diferentes de lo que se esperaba: la parcela ejidal y en general las tierras de propiedad social se pulverizaron aún más; subsiste la necesidad de crear empleos al menos para 12 millones de personas que habitan en el campo; el crédito y la inversión privada no llegaron; persisten el estancamiento, la dependencia alimentaria y la migración, y se ha agudizado la pobreza en el campo.

Otro efecto ha sido la desarticulación de las formas tradicionales de organización y representación de los núcleos agrarios. En la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 se consideraban los ejidos y las comunidades como las figuras organizativas básicas, las cuales podían directamente, o por medio de unidades de desarrollo rural, sectores de producción y grupos para la producción (GP), explotar los recursos, obtener créditos, derechos preferentes y garantías económicas y sociales. Asimismo, se contemplaba la integración a mecanismos organizativos superiores, de segundo nivel: uniones de ejidos y/o comunidades, y de tercer nivel: asociaciones rurales de interés colectivo (ARIC) de carácter regional, estatal o nacional, para mejorar la producción y la comercialización y desarrollar economías de mayor escala.

Según las estadísticas del INEGI (VII y IX Censo Ejidal), desde la reforma de 1992 al año 2007, mil 920 GP se desintegraron, 6 mil 295 núcleos agrarios se desincorporaron de las uniones de ejidos y/o comunidades, y mil 184 se desafiliaron de alguna ARIC.

Organizaciones debilitadas a partir de las reformas. La Ley Agraria de 1992, con la mencionada pretensión de superar las restricciones del minifundio e impulsar la producción de gran escala y la inserción en los mercados, incorporó a la organización social agraria figuras asociativas de primer nivel como la sociedad de producción rural (SPR) y la sociedad mercantil o civil propietaria de tierras. Esto tampoco dio resultados halagüeños: si bien a partir de 1992 se constituyeron, según datos del Registro Agrario Nacional, 9 mil 793 SPR, éstas cuentan con muy pocos socios (ya que pueden integrarse con dos o más) y se dedican a una sola actividad, por lo que no son un fenómeno representativo de organización de nuestros productores rurales; y sólo se han constituido 65 sociedades mercantiles y una civil en las que se han incluido 189 ejidos, y la gran mayoría de ellas han tenido como objeto el incorporar suelo rústico al desarrollo urbano y no el de desarrollar actividades productivas y comerciales de gran escala, como se pretendía con la reforma. Con esto queda claro que tampoco se alcanzó este propósito.

Desarrollo de las cooperativas

Es habitual distinguir entre dos tipos de desarrollo colectivo:

1) “DE ABAJO HACIA ARRIBA”. La cooperación comienza como un movimiento popular, iniciado y realizado por los cooperativistas mismos, aguijoneados por la voluntad fi rme y decidida de establecer la cooperación sobre bases ideológicas, económicas o de otra índole, con poca o ninguna intervención del Estado.

2) “DE ARRIBA HACIA ABAJO”. La iniciativa emana del gobierno, que desea directamente establecer y estimular a las cooperativas, llamándolas a desempeñar determinadas funciones económicas y sociales, como es el caso de la mayoría de los países en proceso de desarrollo. (...)

En América Latina (...) se sigue necesariamente el segundo camino. La cooperación se inicia por decreto gubernamental, se establecen instituciones llamadas a crear, fomentar y orientar a las cooperativas, y el movimiento desciende “desde arriba hacia abajo”. Pero es bien sabido, aun en esos casos, que es imposible formar cooperativas con la firma de un decreto.

Salomón Eckstein. El ejido colectivo en México, Fondo de Cultura Económica, México, 1966.

El hecho de que en vez de ampliar y fortalecer la organización social agraria, ésta fuera desarticulada, disminuida y debilitada, no es asunto de poca importancia. Se trata de una de las razones fundamentales que explican el fracaso de la reforma en su conjunto.

Porque el problema fundamental de los campesinos mexicanos pobres es el aislamiento y la desorganización de que son objeto, y esto es precisamente lo que hay que superar como condición sine qua non para emprender cualquier proyecto verdadero de desarrollo. Se trata de eliminar los viejos y nuevos vicios, deficiencias y errores en que ha caído la gran mayoría de las organizaciones existentes: organización más formal que real; carencia de principios; perpetuación de las dirigencias; manejo discrecional y con frecuencia arbitrario que éstas hacen de los bienes y derechos de los asociados; falta de información y transparencia; escasez de verdadera y democrática participación de los socios en las decisiones y actividades de la sociedad; ausencia de reglas claras, y existencia de conflictos internos que obstaculizan la consolidación, vitalidad y sana evolución de las organizaciones. El reto es enorme, pero es condición para el acceso de los campesinos pobres al desarrollo y a mejores estándares de vida.