Editorial

Poder Judicial: inseguridad y responsabilidades

Ayer, al referirse al avance de la violencia y el crimen organizado en el país, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó que el organismo que él encabeza, y el Poder Judicial en su conjunto, no son “ajenos a los desafíos que enfrenta la seguridad pública” y demandó “acciones inmediatas para perseguir y castigar a quienes delinquen”. En particular, el magistrado identificó como factores que detonan el desarrollo de la delincuencia la “falta de claridad” en las leyes, así como los escasos resultados de las autoridades en lo que se refiere a la detención de los delincuentes y la mala integración de los expedientes por los agentes del Ministerio Público.

Es sin duda positivo que el Poder Judicial asuma una postura frente a un flagelo que agravia y vulnera a la sociedad en todos sus ámbitos. El auge de las expresiones criminales demanda el involucramiento de todos los niveles de gobierno y todas las vertientes del poder público para contener ese fenómeno. Sin embargo, no queda claro si los señalamientos de Ortiz Mayagoitia obedecen a preocupaciones genuinas en torno a la seguridad, o si son un intento por trasladar al Legislativo y al Ejecutivo el conjunto de las responsabilidades en esa materia y soslayar las deficiencias que acusan los órganos de impartición de justicia.

En relación con el combate a la delincuencia, diversos especialistas han señalado que la cuestión central no radica en el grado de severidad de las leyes, sino en que quienes delinquen no permanezcan impunes. Al respecto, es conocido que la deficiencia de los procesos judiciales permite, en muchos casos, que los delincuentes arrestados no pisen las cárceles. Esto constituye un factor que potencia el auge de la inseguridad y la proliferación del crimen organizado, y evidencia, por añadidura, al Poder Judicial como garante de la impunidad.

Adicionalmente, lo dicho por Ortiz Mayagoitia no es consistente con los resultados que el organismo que encabeza ha entregado a la sociedad en tiempos recientes. Como señaló el propio ministro presidente de la Corte, México requiere de un Poder Judicial que actúe “de forma imparcial, objetiva e independiente”, elementos que, ciertamente, no se han observado en algunos de los rumbos de acción del máximo tribunal, que se ha ceñido a los designios de la clase político-empresarial que detenta el poder en el país: en el sexenio pasado, la SCJN convalidó el proceso de desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, montado por el ex presidente Vicente Fox para golpear e inhabilitar políticamente al tabasqueño; en el actual ciclo de gobierno, el organismo avaló el nuevo sistema de pensiones del ISSSTE –un atropello para los trabajadores del Estado– y, más recientemente, dio entrada a los juicios de amparo que los empresarios interpusieron contra la reforma electoral, con lo que se redujo a institución gestora de los intereses del poder económico. Estos elementos, en conjunto, han evidenciado una descomposición profunda del organismo y lo han hundido en el descrédito y la falta de confianza por parte de la ciudadanía.

Ante el panorama actual en materia de delincuencia, es urgente un mecanismo de impartición de justicia eficiente, que haga valer el estado de derecho y trabaje para beneficio de la nación y sus habitantes. En lugar de repartir culpas, es urgente que el Poder Judicial en su conjunto, empezando por la SCJN, voltee hacia sí mismo, asuma la cuota de responsabilidad que le corresponde y actúe en consecuencia.