■ Las propuestas de Calderón y Beltrones significan un retroceso, asegura el priísta
Sin la movilización ciudadana se aprobará una reforma energética lesiva: Bartlett Díaz
La guerra por el control de los recursos naturales, en particular de los hidrocarburos, se da “desde la promulgación de la Constitución de 1917 hasta nuestros días, con la que enfrentamos a todos los intereses extranjeros y nacionales que siempre han presionado por la privatización y el control de nuestro petróleo”, afirmó el priísta Manuel Bartlett Díaz.
Al participar en el foro Controversias sobre el petróleo en México, convocado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), destacó que desde la promulgación de la Constitución de 1917 inició una “guerra de presiones, amenazas, chantajes y agresiones contra el Estado mexicano, de quienes pretendían defender sus intereses por encima de los del país y dejar sin aplicación lo que establece la Carta Magna, que indica claramente que toda la riqueza del subsuelo, así como los recursos naturales, son de la nación”.
Destacó que aún cuando 80 por ciento del petróleo en el mundo “está en manos públicas, aquí se quiere retroceder, para llevarnos a peores condiciones que aquellas que enfrentábamos antes de 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera de manos de empresas inglesas, estadunidenses y holandesas, pero hoy con las iniciativas de Felipe Calderón, y de (Manlio Fabio) Beltrones, se quiere ir mucho más atrás”.
Advirtió que sin la participación y movilización ciudadana “se aplicará una reforma que irá mucho más allá de lo que prevemos y que nos puede llevar no sólo a perder soberanía energética, sino nacional”.
Bartlett Díaz, ex secretario de Gobernación, afirmó que todos los procesos de “privatización del sector energético que se han concretado en años recientes se han dado con engaños, porque los propios gobiernos saben que sus ciudadanos no apoyan este tipo de decisiones, pues hay una enorme conciencia de que los recursos naturales, incluido el petróleo, son estratégicos y deben quedar bajo el resguardo de los estados y no del capital privado”.