■ El gobierno debe olvidar las acciones mediáticas y presentar resultados, sostienen
Exigen ONG indagar vínculos de políticos, empresarios y religiosos con delincuentes
■ La narcopolítica y otros ilícitos han llegado a las estructuras del Estado, afirman activistas
En la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha concluido el periodo de prueba del gobierno federal, y ya es tiempo que se olvide de las acciones mediáticas (como el anuncio de nuevos cuerpos policiacos) y presente resultados concretos a la sociedad, señalaron organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos.
El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) se pronunció porque la administración federal emprenda un ataque a la cima de la estructura social con probable responsabilidad en delitos como el secuestro, que hasta el momento, señaló, se han mantenido impunes, como son los sectores empresarial, financiero, religioso, político y gubernamental, entre otros.
Desde que Felipe Calderón inició su gestión declaró que lucharía contra el crimen organizado, pero “nosotros consideramos que esa lucha no iba a llegar a ningún lado porque el problema de fondo es que contra los delincuentes no sólo se deben desplegar amplios y vistosos operativos, sino investigar a sectores importantes del empresariado, gobierno, bancario y religioso, que podrían estar ocupando, en estos momentos, poder al interior de actividades ilícitas.
“Pensamos (con base en análisis de especialistas y académicos) que la narcopolítica (y otros ilícitos) han llegado a las estructuras más importantes del Estado y el empresariado, y es la parte que el gobierno no está tomando en cuenta ni actúa en su contra”, advirtió Javier Enríquez, coordinador general del CCTI.
En entrevista, indicó que las acciones en materia de seguridad federal son “una navaja de doble filo” contra la sociedad, debido a que también se utilizan como “guerra de baja intensidad” para reprimir movimientos sociales y a luchadores políticos.
La Red Todos los Derechos para Todos indicó que el gobierno federal debe dejar atrás las soluciones coyunturales y reiteradas, como al aumento de penas a secuestradores, y abocarse a aumentar la efectividad de sus órganos de investigación y detención de presuntos delincuentes.
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la red, expuso que es imprescindible dejar las soluciones coyunturales y reiteradas, como el aumento de sanciones para el secuestro, ya que se ha demostrado que desde su inclusión en el Código Penal en 1931 el secuestro ha pasado de 20 años de reclusión a los 70 actuales.
“De esto podemos concluir que el hecho de incrementar las penas, por sí mismo, no se vuelve elemento significativo para contener e inhibir la comisión del delito. El tema está en la efectividad de las instituciones y en la capacidad de las procuradurías para investigar y detener a los responsables de esos delitos. El índice de efectividad en el país sigue siendo sumamente bajo y está influyendo de manera decisiva para que volvamos a ver un proceso de repunte en la comisión de secuestros”, advirtió.