Claroscuros en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Hoy día encontramos que la situación y existencia misma de los pueblos indígenas se ve amenazada por la redición de la marginación, la exclusión y el despojo aderezado con la política de criminalización que los estados nacionales aplican a los representantes de pueblos que defienden sus derechos y cuestionan las políticas neoliberales.
El pasado 9 de agosto se “celebró” el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objetivo de “seguir fortaleciendo la cooperación internacional para la solución de las problemáticas que afrontan las poblaciones indígenas en esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo económico social” (Resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994). Las diversas agencias de la ONU emitieron comunicados alusivos enfatizando el triunfo reciente de la aprobación de la Declaración de derechos de los pueblos indígenas. En especial James Anaya, relator para Pueblos Indígenas, y Kyung-Wha Kang, encargada de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, reconocieron que “la declaración por sí sola no va a cambiar la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños” e insistieron en la necesidad de que los estados adopten medidas que busquen aplicarla en beneficio de los pueblos indígenas.
Por su parte, Juan Somavía, director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se refirió a la economía informal, la discriminación, el desempleo, desventajas en acceso a tierras créditos y facilidades de mercado, despojo de tierras, entre otros, signos presentes en los pueblos indígenas, no obstante la existencia de normas internacionales como el convenio 169 de la OIT. Es un buen signo que se tome distancia de una postura formalista que con frecuencia se asume en otros espacios de la ONU.
En contraste observamos que los actores que históricamente han luchado por el reconocimiento a sus derechos como pueblos indígenas, que fueron determinantes para la adopción de normas tanto nacionales como internacionales, se plantean una mirada crítica a los estados nacionales por el incumplimiento de sus obligaciones para garantizar la justiciabilidad efectiva de sus derechos.
Entre muchas otras organizaciones en América Latina, la coordinadora andina de pueblos indígenas, integrada por representantes de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, fijó su posición a propósito de este 9 de agosto, señalando que el reconocimiento de derechos se da en un contexto de expansión de la globalización neoliberal, que busca homogeneizar el mundo, anulando el respeto a la diferencia. Anotaron que “parte de la imposición del neoliberalismo son los tratados de libre comercio y los acuerdos comerciales en general y los megaproyectos de infraestructura diseñados para favorecer el saqueo de nuestros bienes naturales por las trasnacionales. Los estados emiten normas destinadas a desaparecer nuestras comunidades y a criminalizar nuestras justas protestas”.
Por otra parte, de Guatemala llegan noticias que distan mucho del ambiente festivo y hablan sobre la violencia en el municipio de San Juan Sacateqéquez y la persecución contra la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, en especial la que sufrió hace unos días el defensor Amilcar Pop en el estilo del terror desatado en décadas pasadas.
Recordemos que desde 2006 la empresa guatemalteca Cementos Progreso SA ha estado construyendo una fábrica de cemento y una cantera en la finca San Gabriel Buena Vista en las aldeas de San José Ocaña y San Antonio las Trojes en el municipio referido. En 2007, doce comunidades mayas hicieron una consulta comunitaria por conducto de sus consejos comunitarios de desarrollo, de la cual aproximadamente 9 mil personas votaron en ésta y la mayoría emitieron su voto en contra del proyecto. Su voluntad no fue respetada y las autoridades han avalado a la cementera, lo cual ha provocado que el conflicto haya crecido, por lo que el pasado 21 de junio de este año miembros de la comunidad bloquearon el paso de la maquinaria propiedad de la empresa con el consiguiente saldo de denuncias penales de las cuales no se salvan los propios abogados. Estos procesos se reproducen en diversas regiones, también entre nosotros tenemos actualmente varios conflictos abiertos, como es el relativo a la pretendida construcción de la presa La Parota y las recientes provocaciones, perdón, declaraciones del secretario de Gobernación de que es su voluntad que el proyecto siga, pero ahora con nuevos actores, cualquier cosa que esto signifique.
La juridización de las demandas indígenas hoy día se enfrenta a que los estados establecen otras normas y políticas que impiden la justiciabilidad de las victorias logradas. Así las cosas, podemos preguntarnos, como anotaron las organizaciones andinas: ¿tenemos, entonces, motivos para celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas?