■ Sin empleo ni educación, se convierten en carne de cañón de narcos y otros criminales

La falta de oportunidades orilla a los jóvenes a delinquir, advierten expertos

■ La violencia es la segunda causa de muerte entre los hombres y la tercera entre las mujeres

Laura Poy Solano

Especialistas en seguridad nacional, educación y juventud alertaron sobre los riesgos de una sociedad que mantiene una relación “esquizofrénica” con sus jóvenes, a quienes, por una parte, considera la “mejor apuesta del futuro y, por otra, los percibe como la clase peligrosa que hay que controlar”.

A lo anterior se suma el hecho de que los jóvenes, sin expectativas de futuro y en condiciones de marginación social, son presa fácil de la delincuencia. De hecho, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que 40 por ciento de los presuntos delincuentes del fuero federal y 49 por ciento del fuero común son jóvenes. De éstos, la proporción de varones de 15 a 29 años involucrados en un crimen federal es de 41 por ciento, y 50 por ciento en actos de competencia del fuero común. Las mujeres representan 35 y 40 por ciento, respectivamente.

A esto se agrega que la segunda causa de muerte entre los hombres en este nivel de edad son las lesiones intencionales, de las cuales 68.9 por ciento fueron agresiones; mientras para las mujeres de 20 a 24 años de edad esta causa también ocupa la tercera posición por número de defunciones.

Un reporte elaborado por el INEGI sobre los jóvenes revela que, si bien en la década de los noventa la población de 16 a 29 años juzgada por delitos cometidos representó entre 53 y 56 por ciento del total de delincuentes de esa década, ello se explica en gran medida porque “representan un alto porcentaje de la población mayor de 15 años”.

Agrega que la distribución porcentual de los delincuentes crece rápidamente entre el grupo de 16 a 17 años hasta el de 20 a 24 años, y luego comienza su descenso entre los grupos de mayor edad.

Sin embargo, destaca que sólo 3 por ciento de los delitos cometidos en la década pasada fueron perpetrados por jóvenes de 16 a 17 años; en la mayoría de edad se incrementan a 10 por ciento entre los 20 y 24 años, llegan a 25 por ciento entre los 25 y 28 años y descienden a 19 por ciento al llegar a los 29.

De acuerdo con la visión que los expertos tienen sobre esta problemática, a pesar del incremento en las estadísticas delictivas que involucran a jóvenes “no percibimos como sociedad que también es resultado de las condiciones que enfrentan como grupo social al que le estamos negando acceso a la educación, a un empleo digno, a buena calidad de vida y a espacios de convivencia con sus pares, sin segregarlos por clase social”.

José Luis Piñeyro, experto en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana, afirma que un indicador de que la “juventud no tiene expectativas es ver rostros de jóvenes de 20 a 30 años en fotos de narcoejecutados, gatilleros o integrantes de bandas delictivas, que ingresan a las filas del crimen organizado en todas sus facetas y no sólo en el narcotráfico”.

Los jóvenes sin expectativas de futuro y en condiciones de marginación social, señala, “se han convertido en presa de la delincuencia, porque no hay que olvidar que en México más de 50 millones de personas viven en la miseria, y con 0.5 por ciento de ellos que se dedique a la delincuencia hay una enorme ejército de reserva para alimentar al narco y a criminales de cualquier tipo”.

Por su parte, José Antonio Pérez Islas, especialista en identidades juveniles y catedrático del Instituto de Investigaciones sobre las Universidad y la Educación (IIUE) de la UNAM, explica que en “periodos de crisis económica como el que vivimos, los delitos con participación de jóvenes se incrementan. En gran medida porque son usados por el crimen organizado, que detecta en la juventud el eslabón más débil en la sociedad”.

Las prácticas delictivas entre los jóvenes, agrega, “están muy vinculadas con la falta de oportunidades y una creciente desigualdad, pero también con un sistema capitalista donde la valoración de la fuerza de trabajo ya no está en función de las habilidades y conocimientos educativos. Ahora enfrentamos una nueva valoración en la cual el factor de riesgo es central, en la que si yo arriesgo más puedo ganar más”.

Retos y riesgos

De acuerdo con las estadísticas oficiales, 27.3 por ciento de la población en México son jóvenes de 15 a 29 años, es decir, 29.1 millones de personas. De ellos, 14.9 millones son económicamente activos, lo que representa 33.1 por ciento a escala nacional. En promedio tienen 9.6 años de escolaridad y representan sólo 5.7 por ciento de la tasa de defunciones en el país.

Sin embargo, también enfrentan importantes desventajas como el rezago educativo, pues 30.8 por ciento no han logrado concluir su educación básica, 2.3 por ciento son analfabetos, mientras 6 por ciento no han concluido la primaria, 10.8 por ciento tienen incompleta la secundaria y sólo 15 por ciento han cursado algún grado de educación superior.

A esto se suman las condiciones de empleo, pues de los casi 15 millones de jóvenes que trabajan, 10.9 millones son empleados –en su mayoría en el sector de servicios y comercio–, 1.6 millones son trabajadores no remunerados, 1.2 millones trabajan por su cuenta, mientras sólo 180 mil son considerados empleadores, es decir, 1.3 por ciento del total de personas de 15 a 29 años que laboran.

La Encuesta Nacional de Juventud 2005 revela que de los jóvenes que laboran 58.3 por ciento no cuentan con un contrato laboral, a pesar de trabajar más de 40 horas, a lo que se agrega una percepción económica que no supera, en promedio, los tres salarios mínimos.

Ante un escenario en el cual el mayor porcentaje de deserción escolar se inicia entre los 16 y 17 años, edades en las que también se detecta mayor actividad delictiva en los menores, la falta de espacios educativos, ante un incremento creciente del número de jóvenes no aceptados en las instituciones públicas de educación superior del país, “los está llevando a un callejón sin salida en el cual simplemente se les ignora o se les criminaliza”, destaca Hugo Casanova, catedrático del IIUE.