■ Este año el gobierno federal ha utilizado $27 mil millones para tratar de contener la criminalidad
La inversión en seguridad duplica lo presupuestado para la UNAM
■ En 2007 se perpetraron en México un millón 578 mil 680 delitos del fuero común, enmedio del deterioro de los indicadores de ingreso, empleo, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo
El gobierno federal realiza este año inversiones en equipo para las fuerzas de defensa y seguridad por más de 27 mil millones de pesos, casi dos veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, para tratar de contener una criminalidad que hasta ahora no ha dejado de agravarse.
El último año se perpetraron un millón 578 mil 680 delitos del fuero común en el país, lo cual significó un incremento anual de 10 por ciento, en un entorno de deterioro de los indicadores de ingreso, empleo, seguridad laboral y oportunidades de desarrollo personal.
De abril a julio de 2008, por primera vez desde la crisis de 1995, los salarios contractuales alcanzaron un crecimiento menor al de la inflación anual. Mientras, este año la perspectiva oficial contempla la creación de apenas 325 mil empleos formales, estimación realizada por el Banco de México, lo que representa menos de un tercio de los requeridos anualmente para absorber la nueva demanda ocupacional, que es de 1.4 millones de plazas.
Bajos salarios y precarias condiciones laborales desalientan a más de 5 millones de jóvenes dispuestos a trabajar, pero que han desistido de buscar empleo por considerar inútil el esfuerzo, o bien “por pensar que no tienen posibilidades” de encontrarlo, según documenta el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). En tanto, casi un millón 800 mil personas, principalmente jóvenes, persisten en la búsqueda de una ocupación que no encuentran, por lo cual se les clasifica como abiertamente desocupados dentro de la población económicamente activa.
Esta realidad se expresa en que la tasa de ocupación parcial y desocupación en México afecta a 10.4 por ciento de su población económicamente activa, esto es, 4.7 millones de personas, jóvenes en su mayor parte.
El deterioro de las condiciones ocupacionales y las dificultades para encontrar empleo han influido para que la preparación académica dejara de constituir un incentivo de movilidad social en el país. El INEGI informó que siete de cada diez personas desocupadas, pero que buscan empleo, cuentan con secundaria completa y estudios de niveles medio superior y superior. Se trata de un millón 251 mil personas.
Pero aun a quienes tienen empleo, las bajas remuneraciones los orillan a contender por plazas adicionales y multiplicar sus esfuerzos.
El país “está entre dos mundos y hay dos mundos dentro de México”, caracterizó el Banco Mundial, al describir los patrones de desigualdad. Por un lado, la diferencia en el ingreso por habitante entre los estados más ricos y los más pobres es mayor que la registrada entre las entidades más ricas del país y las más pobres de Estados Unidos.
El Banco Mundial aseguró que la mitad de los jóvenes mexicanos, en un país en el cual los estudiantes que logran ingresar a una institución pública de educación superior son menos que los rechazados, pasa su primera experiencia laboral en la economía informal.
En este contexto de deterioro social y laboral, la Secretaría de Hacienda informó que a la Secretaría de Marina se la aprobaron algo más de 13 mil millones de pesos en proyectos de inversión, entre los cuales sobresale la adquisición de seis aviones CN-235-300M Persuader, por un monto de casi 3 mil 100 millones de pesos, así como dos proyectos para la construcción de un par de buques de vigilancia de mil 680 toneladas, y cinco barcos patrulla de vigilancia de mar territorial, con un costo de 2 mil 776.3 millones de pesos en el papel.
Por su parte, los proyectos de inversión aprobados para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) suman algo más de 6 mil 509 millones de pesos. Entre ellos sobresale uno por mil 900 millones para la “adquisición de equipos de radio”, otro por 2 mil 86 millones de pesos para sustituir “los actuales radares del Grupo de Detección y Control número Uuo y ampliación de la cobertura del espacio aéreo nacional”.
Los programas y proyectos de inversión aprobados para la Procuraduría General de la República (PGR) suman 924.1 millones de pesos, en tanto que para la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) ascienden a 6 mil 608 millones, y sobresalen por su magnitud mil 399 millones de pesos para la “adquisición de carros radio patrulla y vehículos de apoyo operativo”, 713.2 millones para la compra de “cuatro helicópteros S-70A UH6OL, o Black Hawks, para la Policía Federal Preventiva”; otros 705.6 millones para la “adquisición de helicópteros para la PFP”, y 993.3 millones de pesos para “construcción y reacondicionamiento de los edificios en el conjunto Constituyentes”.
Mientras tanto, un entorno de creciente desigualdad económica y estancamiento en los avances contra la pobreza constituye el telón de fondo del disparo en la inseguridad pública en el país. El Banco Mundial aseguró que México apenas logró superar la situación de pobreza que causó la crisis de 1995, lo que implica un estancamiento en este sentido.
“Las estimaciones preliminares para 2005 (en reducción de la pobreza) muestran que el progreso adicional se ha detenido. No hubo ningún cambio significativo de la pobreza entre 2004 y 2005”, afirmó el Banco Mundial, basado en la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), levantada en 2005. “Incluso, en áreas rurales hubo un aumento de la pobreza”, señaló el organismo.
El deterioro del ingreso, que ha convertido en 93 centavos actuales cada peso de la segunda quincena de noviembre de 2006, según los índices del Banco de México, obliga a la incorporación de más integrantes de las familias a la aportación de ingresos, o bien a realizar más de un trabajo al jefe o la jefa de familia. En esta situación de subempleo se encuentran 2 millones 876 mil personas, de las cuales 51 por ciento cuentan con secundaria completa o tienen estudios de nivel medio superior y superior, reportó el INEGI.
Sobre la cobertura de seguridad social en México, los datos oficiales documentan que encontrar una ocupación no garantiza que esta prestación de ley sea acatada por los empleadores. Los más recientes indicadores estratégicos de ocupación y empleo apuntan que 62.6 por ciento de la población ocupada en el país no tiene acceso a las instituciones de salud, y esto afecta a más de 27.1 millones de trabajadoras y trabajadores en México: casi dos de cada tres.
Los jóvenes mexicanos no encuentran trabajo y, si lo hallan, generalmente es mal pagado y carente de prestaciones. Las condiciones de ocupación de los indicadores estratégicos elaborados por el INEGI revelan el predominio de las bajas remuneraciones entre la población empleada; 56 por ciento percibe hasta tres veces el salario mínimo o menos, distribuidos así: algo más de 10.1 millones gana hasta 153 pesos diarios por su trabajo; a 8.8 millones les pagan entre 51 y 102 pesos al día, y 5.3 millones de personas ocupadas cobran 51 pesos o menos al día por su trabajo.
En el medio rural mexicano la situación es todavía más grave. El Banco Mundial aseguró que la pobreza extrema en las áreas rurales de México es 2.5 veces más grande que en las zonas urbanas. “Hay también una clara división entre la población indígena (10 por ciento del total) y el resto”, añadió el organismo financiero al abundar respecto de la desigualdad en el país.