A la Mitad del Foro

León García Soler

■ ¿Quién cuida a los cuidadores?

Diez asesinatos en Chihuahua reporta la prensa de ayer sábado. Más de 700 este año en Ciudad Juárez, paso del norte al desencuentro; infierno de la desigualdad y el terror sembrado con los cadáveres de cientos de mujeres, cosecha de la modernización a contrapelo de usos y costumbres machistas; de la apertura económica a lomo de la cerrazón social; de la oligarquía que protesta por el muro levantado a lo largo de la frontera desde el interior de sus residencias amuralladas, con guardaespaldas que los mueven en autos blindados; rehenes de la desigualdad y de los pretorianos.

José Reyes Baeza se llama el gobernador de la tierra de Abraham González. Es priísta, como lo son Eduardo Bours, de Sonora; Humberto Moreira, de Coahuila; Natividad González Parás, de Nuevo León, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas. No queda rastro de la frontera azul, de los llamados “bárbaros del norte” por contraste con los curros del centro, la mochería abajeña y la modosa legión doctrinaria de herederos de Gómez Morín, con su apego a la vía legal en la pugna por el poder. Queda el desgobierno de Guadalupe Osuna en Baja California, primera entidad gobernada por un panista, Ernesto Ruffo, cuando al priato tardío le exigían “apertura democrática” además de la “apertura económica”.

Los verdaderos bárbaros no se quedaron ante el umbral, pasaron a este lado de la puerta. Viene a cuento lo del juego de birlibirloque democratizador de los “bárbaros del norte”, porque en plena guerra contra el crimen organizado y con el Ejército en la línea de combate, a cargo de aplicar el estado de excepción por la urgencia de salvar al Estado mismo de la amenaza contra la seguridad nacional que se convirtió en sangrienta realidad; con el recuento de muertes al alza y el imperio del miedo del Bravo al Suchiate, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el relevo del general Sergio Aponte Polito, quien había denunciado, directamente, sin tapujos, la complicidad con el narco de policías y funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Deja la comandancia de la segunda Región Militar. Y dice el gobernador Osuna que él no solicitó el cambio de mando.

Habría que creerle. Pero haría falta información inmediata de lo investigado y actuado para comprobar la veracidad de los graves cargos hechos por el general Aponte Polito, o si no hubo pruebas para poner ante un juez a los señalados por el jefe militar. No están los tiempos para sembrar dudas. En la guerra contra el crimen organizado hay no combatientes muertos por las balas de sicarios o de las fuerzas del orden; en los retenes y en poblados rurales el uso legal de la fuerza ha sido puesto en duda, hay numerosas quejas y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La verdad es la primera víctima de la guerra. No hay frente de batalla, se combate en el campo, en la ciudad, en la montaña y en las costas. Y la barbarie se enseñorea de la República; los criminales montan sus propios retenes para sus propios fines.

Los secuestros son cosa de todos los días, en todas las entidades, en todos los barrios, desde los de la miseria infernal hasta los del lujo tras los muros y bajo vigilancia electrónica día y noche, 365 días del año. Uno más si es bisiesto. Los secuestradores exigen millones de dólares, o millones de pesos, o unos miles y hasta “unos animalitos”, según testimonio de uno de tantos encargados de la seguridad pública, confundida con la seguridad nacional, inexistente, o casi. Si la hay es por azar, por la ley de las probabilidades. Un falso retén sirvió para el secuestro de Fernando Martí, de 14 años; prisionero de sus guardias de seguridad, de la sociedad feudal de altos muros erigidos para que no entren los bárbaros.

Los del retén montado en las barbas de “las policías” que hay en la capital de la República mataron al chofer y dejaron “por muerto” a uno de los guardias privados y asesinaron a Fernando Martí cuando ya habían cobrado el millonario rescate que exigieron. La comunidad nacional se supo a merced de los bárbaros. Los dueños del dinero, los residentes tras altos muros, exigieron al mismísimo Presidente de la República actuar, garantizar la seguridad de los mexicanos en sus personas y en sus bienes. Lamentos de Jeremías en voz de patrones y empresarios, de las cúpulas, de los consejos que se acogieron al poder gubernamental y luego decidieron poner su propio administrador al frente; una gerencia, un mozo de estribo para los dueños del dinero sabedores de que la política se hace con dinero y ellos podían hacer sus propios políticos. Fox vino y se fue. A Felipe Calderón le piden cuentas al cundir el miedo.

El de Michoacán tomó el micrófono, acudió a los medios y anunció que pediría actualizar la pena de cadena perpetua para los secuestradores. En casos de sevicia incontestable: cuando sean policías o lo hayan sido; cuando maten a los cautivos, cuando secuestren a minusválidos, según el eufemismo de modernos humanistas. Sometidos a la violencia de hombres armados, todos somos minusválidos. Dicen los que se ocupan de la cosa pública que los presidentes, titulares del Poder Ejecutivo, no deben dejar que se imponga lo urgente, particularmente ante problemas sistémicos, o endémicos como la corrupción de nuestras policías y la incompetencia apabullante de los funcionarios del sistema de justicia.

Hay otros fierros en la lumbre. Las reforma petrolera que nada será mientras no se acompañe de una reforma hacendaria para un nuevo régimen fiscal y autonomía plena de gestión para Pemex. La inercia favorece una reforma posible que abra paso a la deseable. Pero a gobierno y partidos se les enredan las pitas. Los devaneos tradicionales del PRD son vorágine y el movimiento del “presidente legítimo” pareciera decidido a deshacerse del lastre de un partido que hizo posible superar el sexenalismo y persistir con vías al cambio de régimen. Lástima, aunque Andrés Manuel López Obrador recorre las veredas nacionales y predica la pureza de la asunción al poder por la voluntad del pueblo que ya no cree en las instituciones ni en el sistema electoral.

Ante la crisis de una transición incapaz de formular y proponer el cambio de régimen, ante una falsa pluralidad de retórica maniquea, los actores centrales de la contienda infantil entre legalidad y legitimidad asumidas, Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, intercambiaron insinuaciones, sembraron suspicacias y emprendieron la fuga hacia delante para no exhibir la falta de voluntad política para atacar en serio el cáncer que devora nuestra frágil estructura institucional; para enfrentar al enemigo interno y depurar en serio y a fondo a la policía, a las policías: incapaces, ineficientes, además de corruptas. Lo saben ambos. Los mexicanos del común y los dueños del dinero a quienes les llega la lumbre a los aparejos repetimos la pregunta de los antiguos romanos: ¿Quién cuida a los cuidadores?

Por eso el presidente Calderón sacó a la calle al Ejército. Y ahora tendrá que valerse del monopolio del Estado en el uso legal de la violencia para que no se desmorone el poder constituido y la tan aclamada alternancia no quede en cortejo fúnebre para el Estado mexicano. Por lo pronto, debe acudir al Congreso y solicitar autoridad para la suspensión de garantías y dar sustento constitucional al estado de excepción impuesto a la República.