Unidos frente al crimen organizado
El Estado mexicano se encuentra rebasado por el crimen organizado. Sea en el Distrito Federal, en el estado de México, en Baja California o en Jalisco; de hecho en todo el país. Se debe partir de esta constatación con serenidad, pero sin simulaciones.
De nada sirven las actitudes histéricas frente a crímenes execrables como el del joven Martí. Dos actitudes particularmente deberían evitarse. Una tan indignante como el crimen mismo consiste en querer instrumentalizar políticamente esas desgracias. Hay una tendencia lamentable y peligrosa en la clase política al pleito callejero; quizás se les olvida que impugnados o no por sectores de la sociedad, sigue siendo gobierno. La ciudadanía espera de sus autoridades ciertamente firmeza, pero también ecuanimidad.
La segunda actitud es la tendencia automática a considerar que escalando los castigos a cadena perpetua o a pena de muerte se disuade el crimen. Casi todos los expertos coinciden en que por sí solos los máximos castigos no logran reducirlos, ni siquiera los más nefastos, como secuestros, asesinatos y abuso a menores.
Es lógico que una sociedad asediada por el crimen y mas todavía, las víctimas que han sufrido esas agresiones, busquen indignadas una parcial consolación en la venganza. Pero es tarea de tod@s, autoridades y ciudadanas, encontrar al mismo tiempo firmeza, eficacia y garantías de nuestros derechos fundamentales. Una tristemente célebre frase de campaña de un lamentable gobernador del Estado de México implicaba que los criminales por serlo no tenían derechos humanos. Esta es a menudo creencia popular. Se olvida y es necesario reiterarlo sistemáticamente particularmente en momentos de crispación como el actual, que garantizar un debido proceso a los criminales, rechazar el uso de tortura y otros garantías; lo son no sólo para los criminales sino también para el grueso de los ciudadanos.
La firmeza contra los secuestradores y las bandas de narcotraficantes es, empero, indispensable cuando éstos están confrontando directamente al Estado, infiltrando agencias y órganos estatales y en no pocas regiones asumiendo los vacíos de poder que dejan autoridades coludidas o que de plano han capitulado a ejercer su función de autoridades.
La firmeza se mide en la reducción sistemática de los crímenes y por tanto en el combate a la impunidad. No han mayor disuasión a los criminales que saber que corren altas probabilidades de ser capturados y sancionados. A partir de avanzar en estos elementales pero decisivos logros se pueden discutir el aumento de las penas. Se dice que las cárceles son escuelas de delito. Es probable que así sea, pero éste sería un argumento a favor de corregir la administración del sistema penitenciario, pero no en contra de penas de larga duración como la cadena perpetua.
Sobre la pena de muerte que fue eliminada de las leyes mexicanas hace tres años, se debate de soslayo. Una parte importante de comentaristas –yo entre ellos– estamos en contra por razones éticas, políticas y pragmáticas. Otra parte importante de la sociedad y un número de comentaristas sobre todo en la radio –frecuentemente irresponsables e histéricos– están a favor. Debe haber una deliberación cuidadosamente organizada en torno a este tema.
Pero todas estas cuestiones centrales: reducir la impunidad y los crímenes mismos y hacer más severos los castigos, suponen un paso previo. Se requiere un acuerdo nacional en contra del crimen organizado que incluya a toda la clase política. Debe ser un acuerdo preciso, concreto, con metas verificables y evaluables. Sin rollo ni ceremonias para la foto. Con mecanismos precisos para que la ciudadanía participe en la evaluación de los resultados. Sobre todo para exigir el cumplimento de lo pactado por las autoridades. Éste sería el mensaje más poderoso a enviar a propios y extraños. Una sociedad de pie y unida en contra del crimen organizado.