■ Investiga la SIEDO a compañías financiadas por narcos
Al margen de la ley, casi 8 mil empresas de seguridad privada
■ El crimen organizado las utiliza para lavar dinero e inflitrar policías
Información de inteligencia recabada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal refiere que casi 80 por ciento de las 10 mil empresas de seguridad privada que se calcula existen en el país operan fuera de toda normatividad, revelaron ayer fuentes de la Dirección General de Seguridad Privada, instancia que forma parte de esa dependencia.
Según consta en datos oficiales, hasta 2007 la SSP federal tenía registradas 430 empresas de seguridad privada, mientras la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal contaba ese año con un listado de 400. Es decir, se calcula que en todo el país sólo unas 2 mil están registradas ante autoridades federales o estatales.
En tanto, funcionarios de la Procuraduría General de la República revelaron que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) investiga a varias compañías de ese tipo, extranjeras y nacionales, porque se ha detectado que grupos de narcotraficantes y secuestradores (principalmente mexicanos y colombianos) presuntamente han financiado la creación de “empresas fachada”, que son utilizadas para lavar activos de procedencia ilícita e infiltrarse en los cuerpos policiacos.
La mayoría de esas compañías –que ofrecen seguridad personal, asesoría logística para vigilancia de empresas y servicios para negociar con secuestradores a cambio de cuotas mensuales– están dirigidas por militares y/o ex jefes policiacos federales o estatales.
Por su parte, la SIEDO realizó en fechas recientes cateos en empresas de seguridad privada asentadas en estados como Sinaloa, Chihuahua y Baja California, que presuntamente están al servicio del crimen organizado.
En este contexto, en julio pasado la SSP federal informó sobre la clausura de las empresas Impermeables Rivamar, Baher Asesores Integrales, Bullert Internacional, Intercambio Comercial y Comercializadora Paspor –una de ellas ubicada en la ciudad de México–, debido a que operaban al margen de la normatividad vigente.
Esos negocios no acreditaron la autorización correspondiente para la venta de chalecos antibalas, entre otros artículos para la seguridad personal.