Reiteran denuncia contra minera
Con más de 60 días en plantón en los alrededores de las instalaciones de la minera canadiense Dolores Minefinders, ejidatarios de Huizopa, Chihuahua, denunciaron el silencio de las autoridades agrarias y ambientales por daños causados por esa empresa.
Enrique Torres, presidente del comisariado ejidal, apuntó que la minera ocupa ilegalmente 3 mil 500 hectáreas y ha provocado severos daños a mantos acuíferos, los cuales han denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin que a la fecha haya respuesta.
Agregó que el pasado domingo los ejidatarios, acompañados de representantes de diversas organizaciones, formaron una caravana de más de un centenar de vehículos en la ciudad de Madera para denunciar el abuso “del poder económico extranjero que se está apropiando del patrimonio de los campesinos”.
Dijo que los integrantes del comisariado ejidal de Huizopa presentaron ante la Profepa una denuncia popular contra la minera canadiense por cambio de uso de suelo de más de 3 mil hectáreas de tierras de uso común, ya que ésta únicamente tenía autorización para llevar a cabo labores de exploración y explotación en 500 hectáreas.
A 14 años de que la minera se instaló en el ejido Huizopa, los daños ambientales no pueden calcularse, ya que, dijo, para fijar sus instalaciones rellenó una barranca por la que pasaba el cauce del arroyo Amplio, que era parte del abasto de agua del pueblo; esto, además de las descargas de desechos humanos y químicos en el río contiguo.
Perjuicios
“La presencia de la subsidiaria de Minefinders Corporation no se ha traducido en la creación de empleos ni de desarrollo; por el contrario, ha generado división entre los campesinos y daños al medio ambiente”, agregó.
En cambio, continuó, los directivos se burlan de los campesinos, ya que la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía otorgó a la compañía concesiones de explotación del subsuelo, sin consultar a los ejidatarios ni tomar en cuenta las denuncias presentadas por éstos ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por violación a sus derechos.
También afirmó que los campesinos están dispuestos a dialogar y continuar su lucha por los cauces legales, pero la minera debe garantizar que respetará los derechos de éstos, mostrar disposición a cuidar el medio ambiente y fijar un plan de desarrollo comunitario y económico.