■ Sólo el gobernador Perry puede posponer la pena de muerte
Inminente, la ejecución del mexicano José Medellín Rojas, en Texas
La Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas negó ayer por unanimidad otorgar clemencia al mexicano José Ernesto Medellín Rojas, por lo que hoy martes vence el plazo fijado para su ejecución.
Los siete integrantes del organismo votaron en contra de posponer por 180 días la ejecución de Medellín –acusado de participar en la violación y homicidio de dos jovencitas en Houston, en 1993, como parte de un ritual de iniciación a una pandilla– y rechazaron conmutar su sentencia por la cadena perpetua.
De esta forma, todo indica que las autoridades de Texas ejecutarán al ciudadano mexicano, desobedeciendo una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, tras un largo proceso del gobierno mexicano para que los 51 casos de mexicanos sentenciados a muerte en prisiones de Estados Unidos sean revisados, debido a que en sus respectivos juicios fueron violados sus derechos consulares de asistencia, de acuerdo con la Convención de Viena.
El voto en contra de la mencionada junta disminuye la posibilidad de salvar la vida al mexicano, aunque el gobernador de Texas, Rick Perry, aún tiene la autoridad para frenar la ejecución por 30 días, en un acto de clemencia.
Los miembros de la junta no se reunieron para analizar el caso y tomar una decisión, sino que cada uno efectuó su propia revisión del expediente y emitió su voto a través de fax desde sus distintas oficinas en la entidad, explicó la vocera de la institución, con sede en Austin.
En Washington, la organización Human Rights Watch pidió la intervención del presidente estadunidense, George W. Bush, para detener las ejecuciones.
En Reynosa, activistas del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos se pronunciaron también en contra de la ejecución.
Rebeca Rodríguez Gómez, portavoz del organismo no gubernamental, dio a conocer que se enviaron misivas al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, así como al jefe del Ejecutivo mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, a fin de que se suspenda la ejecución. “Con su actitud ante las solicitudes de suspensión de esta ejecución, el gobernador de Texas, Rick Perry, refleja su racismo, ya que no está acatando los fallos de la Corte Internacional y viola los derechos civiles de Medellín al negarle lo que está previsto en el tribunal mundial. Estamos en total desacuerdo e indignados hasta con el gobierno mexicano, por la poca asistencia jurídica que se dio a nuestro compatriota”, enfatizó la presidenta de la organización civil.
Por su lado, la diócesis de Ciudad Victoria, por medio del vicario Nabor Lugo Villeda, hizo un llamado a los tamaulipecos a orar para evitar la ejecución. “Sólo nos queda pedir por este joven, que se ha arrepentido de su falta y se ve que inició un proceso de cambio.”
Hace cuatro años, México demandó con éxito a Estados Unidos ante la CIJ, porque a 51 mexicanos condenados a muerte no se les permitió contactar a un consulado, tampoco se les explicó que disponían de ese derecho ni se informó a la legación mexicana. En aquel entonces, la Corte de Naciones Unidas condenó a Estados Unidos a revisar todos estos casos y valorarlos nuevamente.
Hasta el cierre de esta edición, la cancillería mexicana no había emitido pronunciamiento alguno al respecto.