■ Saturación de prisiones, sobrecarga de trabajo y excesivo formalismo, lastres del sistema

El laberinto de la justicia mexicana, un sitio donde todos son víctimas

■ Ofensores y ofendidos son perjudicados por errores, lentitud de los procesos y numerosos vicios

Alfredo Méndez /I

Las cárceles mexicanas están saturadas de presos que aún no reciben sentencia. La sobrecarga de trabajo en los juzgados que desahogan un promedio de 900 asuntos al año, además de los vicios de excesivo formalismo en que incurren jueces, ministerios públicos y defensores, derivado de la trayectoria cultural y académica de los abogados, atrasan la resolución de fondo de los juicios penales. Estos elementos propiciaron que, en la actualidad, la impartición de justicia sea un trance largo y costoso para los inculpados y para las víctimas de un delito.

Cifras documentadas por el diputado priísta César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, revelan que de 210 mil presos que se calcula hay en todo el país, 90 mil se encuentran actualmente bajo proceso. En la mayoría de los casos los inculpados llegan a permanecer detenidos hasta dos años en espera de ser declarados inocentes o culpables.

Además, debido a que la mayoría de los delitos del orden común están tipificados como graves por las leyes penales estatales, un presunto homicida, defraudador, secuestrador o asaltante callejero debe esperar varios meses o años antes de ser sentenciado. Este fenómeno ha generado sobrepoblación en todos los centros penitenciarios del país, a grado tal que en las celdas de algún reclusorio se han llegado a confinar hasta a 12 presos.

Al fenómeno de la lentitud se agrega otro factor: en la mayoría de los casos el delincuente se declara en estado de insolvencia financiera con el fin de negarse a resarcir el daño físico, moral y económico que causó a la víctima.

Derechos de la víctima

En México “pocas veces es resarcida en su afectación personal o patrimonial quien padeció la delincuencia; los países más eficientes en materia de seguridad pública son aquellos que más pronto llevan al acusado ante el juez y aquellos en los que el Estado garantiza la reparación del daño”, consideró el penalista José Luis Nassar Daw.

Nadie mejor que Alfonso Mejía Hinojosa sabe lo que es luchar en México por alcanzar justicia. Esperó 18 años a que detuvieran al asesino de su hermana. Expedientes judiciales consultados así lo demuestran. Francisco Javier Sandoval mató a su esposa el 9 de noviembre de 1984. Alfonso, cuñado de Sandoval, denunció el hecho pero fue dos décadas después cuando la policía capturó al homicida. La detención duró dos horas. El asesino tuvo que ser liberado porque el juzgado 46 de lo penal decretó la prescripción del delito apenas el día anterior a la aprehensión de Francisco Javier. El agente del Ministerio Público adscrito a ese juzgado ni siquiera impugnó el fallo judicial.

Mejía aún litiga el caso en tribunales, pero ya no contra su ex cuñado –pues ante la prescripción del delito éste no puede ser juzgado–, sino en contra de las autoridades que presuntamente favorecieron al acusado.

No son pocos los casos en los que tras un proceso legal de varios meses el encausado recupere su libertad por falta de pruebas que demostraran su culpabilidad. Pero cuando el inocente sale de prisión nada es igual: está desempleado, sin dinero, con una salud mermada y, muchas veces, enfrentando un alud de desequilibrios emocionales y de problemas familiares.

La señora Valdés consiguió al final de un tedioso juicio lo más deseado para una madre que tiene en la cárcel a un familiar: verlo libre. Su voz enmudece cuando recuerda que su hijo estuvo preso por un delito que no cometió. Asegura que durante su estancia en una celda minúscula del Reclusorio Sur, Alfredo Karam Valdés, el primogénito de la familia, endureció su rostro, enfermó de ansiedad y perdió la fe en casi todo, menos en el amor de madre. El joven empresario estuvo cerca de un año detenido. Su “viejecita bella”, como llama a su madre, nunca desfalleció.

Para estar en todas las audiencias judiciales, una por semana, la mujer descuidó el negocio de ropa con que se mantiene desde la muerte de su esposo, hace una década. Ocupó cada peso del capital ahorrado para costear los honorarios de un abogado particular. Hasta dejó pendiente la atención de sus padecimientos físicos. Todo para estar al tanto del caso de su hijo.

Con 65 años y una mirada cansina por los años, la mujer recuerda cómo Jorge Kahwagi Gastine y su hijo, Jorge Kahwagi Macari –empresario el primero y ex diputado y boxeador fallido el segundo– aprovecharon sus “influencias” y lograron que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal montara contra su hijo Alfredo una acusación basada en hechos falsos, según se desprende del expediente judicial del caso.

Los empresarios imputaron a Karam un supuesto fraude por casi 5 millones de pesos. Todo empezó porque Alfredo prestó hace ocho años a los Kahwagi un millón 600 mil pesos. Ellos se negaron a pagar. Fabricaron una acusación y consiguieron que el Ministerio Público capitalino consignara ante un juez del fuero común a Karam.

Durante un año las autoridades ministeriales lograron mantener en la cárcel al acusado, pese a que las pruebas de cargo no eran sólidas. Así ocurrió de agosto de 2007 a junio pasado. La lucha incansable de la mujer y el trabajo de un abogado defensor permitieron que un juez de amparo se convenciera de que Karam “no vulneró el bien jurídico tutelado, consistente en un supuesto fraude”, y por ello ordenó su inmediata libertad hace un mes. Así consta en la sentencia del juzgado noveno de amparo bajo el expediente 142/2008-II.

El pasado 30 de junio Alfredo fue excarcelado tras recibir la protección de la justicia federal. Ahora él y su madre litigan en tribunales civiles para exigir a autoridades y denunciantes que garanticen la reparación del daño moral que le ocasionó estar en prisión injustamente.

Profunda desigualdad

Otro problema de la justicia en México es una especie de doble estándar. Delincuentes que tienen recursos suficientes para contratar despachos de abogados particulares y, en algunos casos, influir en el ánimo de agentes del Ministerio Público y/o de jueces, logran sentencias absolutorias o en otros casos la reducción de sus penas.

Mariana vivía en Tecamachalco. Estudiaba en la Universidad Anáhuac. Solía comer en Interlomas. Todo cambió cuando en 1989 conoció a Óscar, quien fue su novio. Los celos obsesivos del hombre minaron la relación a tal grado que llevaron a Mariana a dar por concluida la relación. Tres años después, la mujer inició otra relación con Alejandro, pero nunca pudo deshacerse de la sombra de Óscar.

El 28 de abril de 1992, Mariana, en complicidad con Alejandro, con una pistola asesinó a su ex novio con “premeditación, alevosía y ventaja”, según se puede leer en el expediente judicial abierto por este hecho en el juzgado 25 de lo penal.

Los abogados particulares lograron reducir de 50 a 22 años la condena de prisión en contra de Mariana, argumentando que la mujer padecía trastornos en su personalidad provocados por la celotipia y el acoso obsesivo de su ex novio, y que por ello no actuó con dolo en el homicidio, sino como una reacción neurosicológica de defensa.

Los indígenas otomíes Florentino, Eustaquio y Leónides no tuvieron la misma fortuna que Mariana. Nacieron en familias de escasos recursos, nunca estudiaron y su extrema pobreza los llevó a trabajar para una banda de secuestradores. Alimentaban a las personas que eran privadas de su libertad a cambio de 10 mil pesos al mes. Tras su detención, en 2006, se les asignó un defensor de oficio.

Después de dos años de esperar sentencia del juzgado 21 penal fueron condenados a 40 años de prisión, pero la sentencia se anuló en la vía de amparo porque ninguno de los tres contó durante el juicio con un perito traductor. Ahora el proceso se debe reiniciar.

Aunque con otros matices, los problemas de la justicia del fuero común se repiten en el ámbito federal, con la diferencia de que el Poder Judicial de la Federación invierte más dinero para la impartición de justicia en el país.