■ Se denunciaron 438 en 2007; DF, Edomex, BC, Guerrero y Jalisco, donde hubo más plagios

Aumentaron 35 por ciento los secuestros en el primer año de gobierno de Calderón

■ Por cada caso que conocen las autoridades hay de dos a tres que no se revelan, dicen expertos

Alfredo Méndez

Datos estadísticos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), consultados ayer por La Jornada, revelan que el número de secuestros denunciados en todo el país llegó a 438 durante 2007 (en lo que fue el primer año de administración del panista Felipe Calderón), cifra que representa un aumento de 35 por ciento respecto de los 325 casos registrados en 2006, es decir, hubo un incremento de 113 plagios denunciados.

De las cifras correspondientes al año pasado, las entidades en las que más se denunciaron secuestros, y por los que se pidió rescate, son: Distrito Federal, con 77 casos; estado de México, 67 denuncias; Baja California, 41 notificaciones ministeriales; Guerrero, 33, y Jalisco, con 20 querellas.

A su vez, funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, consultados ayer respecto de este tema, indicaron que es en estas entidades mencionadas donde actualmente se concentra la fuerza de la delincuencia organizada, y eso ha ocurrido por diversos factores: uno es el hecho de que sicarios al servicio del narcotráfico han buscado alternativas, como el secuestro, para recuperar las divisas que han perdido desde el inicio de la llamada “guerra” del gobierno calderonista contra el narcotráfico.

Otro factor clave es que algunos policías, e incluso mandos de las corporaciones locales, han encontrado en los levantones y plagios la “forma de hacer dinero fácil”, debido a los altos márgenes de impunidad que imperan en todas las procuradurías del país, añadieron las fuentes consultadas por este diario.

También destacaron que en entidades con mayores índices delictivos las cárceles ahí asentadas tienen un problema de sobrepoblación penitenciaria, que impide un avance sustancial en el tema de la readaptación social. De esta forma, se incrementa la posibilidad de que un reo que abandona alguno de los centros de reclusión ubicados en cualquiera de los estados antes mencionados vuelva a delinquir.

No obstante, los datos estadísticos recabados por el SNSP no se aproximan a la realidad del secuestro en México, pues numerosos expertos en la materia aseguran que dos o tres personas más son secuestradas por cada caso denunciado a las autoridades ministeriales.

María Elena Morera, presidenta de México unido contra la delincuencia –organización civil que nació el 11 de noviembre de 1997 para protestar por la ola de secuestros, en especial los perpetrados por Daniel Arizmendi y Andrés Caletri–, aseguró ayer en entrevista que no sólo se está incrementando el número de secuestros, sino también se están cometiendo cada vez con mayor violencia.

“Exigimos que cada autoridad asuma su responsabilidad, que haya mayor coordinación e intercambio de información entre las procuradurías estatales y la Procuraduría General de la República”, indicó Morera.

Puntualizó que la exigencia de un combate más eficaz a los secuestradores está dirigida al gobierno del presidente Felipe Calderón, ya que a éste le compete perseguir y sancionar los actos ilícitos relacionados con el secuestro y la delincuencia organizada; pero también va encaminada a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, porque se trata de un delito del fuero común.

“Es un tema que no nos están resolviendo en los estados. En Oaxaca ha habido una gran cantidad de plagios en el último año, cuando no era una entidad que los tuviera. Luego, en Baja California y el Distrito Federal ha habido un repunte impresionante de estos ilícitos”, aseguró.

Informó que quienes integran México unido contra la delincuencia le han planteado a funcionarios de procuración de justicia y seguridad pública, tanto federales como estatales, que mientras en 2004, 2005 y 2006 hubo una reducción de secuestros, en 2007 y 2008 “estamos frente a un aumento alarmante”.

Las críticas vertidas desde diversos sectores a las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia del país, ante el incremento de los secuestros en los meses recientes, se dan en el contexto del homicidio de un adolescente de 14 años.

Se trata del caso del hijo del empresario Alejandro Martí, quien fue ejecutado por sus plagiarios hace más de un mes y su cadáver apareció en avanzado estado de descomposición el jueves por la noche en el Distrito Federal, en el interior de la cajuela de un automóvil.

De hecho, el repunte de los secuestros en México provocó la semana pasada una crisis en la PGR, cuando el presidente Calderón pidió al titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora, que realizara ajustes en la estructura de mandos de esa institución.

Fue en ese contexto que José Luis Santiago Vasconcelos dejó la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, y Noé Ramírez Mandujano la fiscalía de combate a la delincuencia organizada.