■ Documentan agresiones “posibles gracias a la protección de autoridades y del PRI”
Cascadas de Agua Azul, botín ecoturístico que Opddic busca arrebatar a ejidatarios
■ Amenazas contra zapatistas, la misión jesuita de Bachajón y el Centro de Derechos Indígenas
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Reaparece el subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos y el teniente coronel Moisés al terminar la reunión con los integrantes de la Caravana nacional e internacional en solidaridad con las comunidades. Cerca de 400 activistas recorren Chiapas para visitar los caracoles ubicados en las comunidades de La Garrucha, en el municipio de Ocosingo; Oventic, en San Andrés Larráinzar; Morelia, en Altamirano, y La Realidad, en Las Margaritas
Foto: Indymedia Chiapas
San Cristóbal de las Casas, Chis., 2 de agosto. Organismos civiles de esta ciudad exigen al gobernador Juan Sabines el cese de las amenazas y agresiones contra ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña y simpatizantes del EZLN, por parte de miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic), con el pretexto de disputar una caseta de peaje para el ingreso de turistas a las cascadas de Agua Azul, en la colindancia de los municipios Chilón y Tumbalá.
La organización ambientalista Maderas de Pueblo escribió al mandatario chiapaneco: “Desde el inicio de su gestión, coincidiendo con la federal de Felipe Calderón y la municipal, en Chilón, de Antonio Moreno López, se han incrementado las acciones de hostigamiento y provocación por parte de grupos pertenecientes a Opddic contra simpatizantes zapatistas del ejido San Sebastián Bachajón y dentro del área natural protegida de cascadas de Agua Azul. Estas agresiones, además, han contado con el embozado apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Conanp-Semarnat)”.
Como integrantes de la sociedad civil organizada en el ámbito ecologista, añaden, “no podemos desvincular estas acciones –cuyo corte casi paramilitar hace recordar al nefasto grupo Los Chinchulines– de la ambición de poderosos intereses nacionales y trasnacionales por apoderarse directa e indirectamente del control de los territorios indígenas, ricos en recursos naturales estratégicos (biodiversidad, agua y cubierta forestal) con la intención de privatizarlos para un multimillonario lucro privado”, disfrazado de “servicios ambientales”.
En este caso, “el botín en disputa es el agua y la belleza escénica de esa zona natural, que bajo disfraz de un falso ecoturismo (en realidad un elitista turismo de aventura) está en el trasfondo de estas impunes agresiones”.
Ante las nuevas provocaciones de Opddic contra los simpatizantes zapatistas, así como las amenazas a la misión jesuita de Bachajón y el Centro de Derechos Indígenas (Cediac), “con la complicidad de la fiscalía del estado, del delegado de Gobierno Felipe Hernández y del presidente municipal priísta Antonio Moreno López”, Maderas del Pueblo solicita “medidas precautorias a fin de evitar agresiones del grupo de Opddic en San Sebastián Bachajón, particularmente a la caseta de entrada a las cascadas”.
También demanda medidas precautorias para la misión de Bachajón y Cediac. La ONG exige investigar, y en su caso castigar, “todos los actos de complicidad o permisividad de funcionarios estatales y municipales, en las acciones violentas de Opddic en contra de ejidatarios y habitantes de San Sebastián Bachajón” Entre ellos, “de manera particular”, el agente del Ministerio Púublico Jorge López Pérez, el delegado de gobierno Felipe Hernández, el sexto regidor de Chilón Antonio Jiménez García, y el mencionado presidente municipal.
Recuento de ataques
Maderas de Pueblo exige el cese inmediato de “todas las acciones de apoyo directas o indirectas, otorgadas a la Opddic por parte de Conanp-Semarnat”.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, además de pronunciarse en el mismo sentido, manifestó haber documentado agresiones de la Opddic, que “han sido posibles gracias a la protección y apoyo político que le brindan las autoridades y el PRI estatal”, configurando “un patrón preocupante”.
Entre ellas están los ataques armados contra pobladores de Bayulubmax, el 10 de agosto de 2007; el intento de encarcelamiento, a partir de la fabricación delitos contra sus opositores en Bachajón y Chilón, “operadas con la responsabilidad del anterior fiscal del Ministerio Público de Bachajón, Jorge López Pérez, y la intervención del delegado de Gobierno Felipe Hernández, quien ha encubierto” estas maniobras.
También las agresiones de Opddic y las policías Preventiva y de Caminos en las comunidades zapatistas Bolom Ajaw (21 de febrero) y Betel Yochib (1° de febrero), en la misma región.