■ El procurador exige leyes antinarco más drásticas; los legisladores critican índices delictivos

Escalada de violencia confronta a senadores de AN y Medina Mora

■ La reforma de justicia puede quedar vacía sin una normatividad secundaria consecuente: PGR

■ Proponen representantes del blanquiazul instaurar la cadena perpetua contra los secuestradores

Andrea Becerril (Enviada)

Ixtapa Zihuatanejo, Gro., 2 de agosto. El procurador general de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, urgió a los senadores del PAN a aprobar las leyes reglamentarias para instrumentar la reciente reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, que permitirán, dijo, aplicar “medidas más drásticas” contra el crimen organizado y superar en el mediano plazo el clima de violencia que afecta al país.

El titular de la PGR escuchó las quejas de la mayoría de los integrantes del grupo parlamentario del PAN en torno al crecimiento “alarmante” de la violencia y los secuestros en sus entidades. El senador Ramón Galindo, de Chihuahua, le exigió frenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército que participan en la lucha contra el narcotráfico.

Después de casi tres horas de reunión a puerta cerrada, Medina Mora resaltó que el enemigo que se enfrenta “es poderoso”, ya que los cárteles de la droga en México son “agrupaciones de traficantes y bandidos”, que no cuentan con tradiciones o códigos de honor, como la mafia siciliana o la yakuza japonesa.

Durante el encuentro, el responsable de la PGR pronunció un discurso en el que diferenció a las principales organizaciones de narcotraficantes del país. Dijo que el cártel del Golfo se comporta de manera muy parecida al del desaparecido capo colombiano Pablo Escobar Gaviria, en el cual “la exhibición excesiva y arbitraria de la crueldad se convirtió en una especie de consumo festivo de la muerte y en un medio de ascenso”.

A su vez que el cártel de Sinaloa, “si bien recurre a la violencia repetidamente, se acerca más a lo que fue el cártel de Cali, para quienes exportar cocaína era simplemente un negocio que, de ser posible, no se debía mezclar con la sangre”.

Reconoció que a pesar de esas diferencias, la descomposición de los últimos años ha llevado al incremento de la violencia en todos los cárteles mexicanos que operan como “un grupo de hombres con las vísceras blindadas que por encargo y, generalmente, por buen dinero delinquen y matan”.

La convulsión y la violencia que se enfrentan en algunas regiones del país se deben, dijo, a un escenario “en el que convergen la división interna, la disputa entre grupos criminales, el enfrentamiento de los cárteles con el Estado y la fragmentación.

La intención gubernamental, resaltó, es “fracturar y desarticular las cadenas y redes operativas, logísticas, financieras y de comercialización de los grupos delictivos” y en ese sentido, Medina Mora insistió en la urgencia de que el Congreso apruebe la legislación secundaria que permita traducir en términos operativos la reforma constitucional aprobada en marzo pasado.

Insistió: “Una excelente reforma constitucional puede quedar vacía de sustancia si los cambios a la legislación secundaria no son consecuentes”y demandó a los senadores del PAN no perder de vista “que la ley fijó plazos inexcusables para que se cumplan todas las etapas, tanto de cambios a las legislaciones, como en la organización y operación de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia”.

Se deberán reformar, expresó, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento, y la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, “que son el marco normativo reglamentario que dará cobijo y dirección a los cambios constitucionales en el ámbito federal, los que deberán hacerse concordantes en las legislaciones estatales”.

El titular de la PGR sostuvo que con esos cambios se dará paso al nuevo régimen penal, que, junto “con el avance de la estrategia nacional contra el crimen organizado”, permitirá que en el mediano plazo la violencia que ahora se ve esté superada.

Agregó que el Estado “terminará controlando territorios, recuperando a las policías locales”. La respuesta de los panistas fue que se abocarán de inmediato a preparar el marco legal demandado.

Después de su discurso, hubo una serie de preguntas y respuestas que aprovecharon casi todos los 49 senadores. De acuerdo con Felipe González y Guillermo Anaya, las quejas se centraron en la preocupación por el incremento de los secuestros en la mayoría de las entidades del país.

González detalló que varios senadores insistieron en la posibilidad de instaurar la cadena perpetua para secuestradores. El senador por Chihuahua Ramón Galindo pidió al funcionario que se ponga atención especial a las quejas por abusos de militares en Ciudad Juárez y Ojinaga, porque si bien las denuncias se refieren a hechos aislados, se está a tiempo de castigar “cualquier exceso”.

Galindo resaltó que “el Congreso apoya al Ejército en el uso de toda la fuerza posible para devolver la paz y tranquilidad a los ciudadanos de Chihuahua, pero de ninguna manera autoriza a que se violen los derechos humanos de personas inocentes”.

De acuerdo con el legislador, el procurador Medina Mora respondió que se atenderán y desahogarán con rapidez todas las denuncias al respecto.

Por la tarde, al concluir esa reunión plenaria, realizada previa al periodo legislativo que inicia el próximo 1° de septiembre, el coordinador de los senadores panistas Gustavo Madero informó que la legislación secundaria en materia de justicia y seguridad pública será otra de las prioridades de su partido en su agenda legislativa.