Editorial
Cartagena, cumbre infructuosa
La Cumbre Regional sobre el Problema Mundial de las Drogas, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, y en la que participaron naciones de Centroamérica y el Caribe con el objetivo de fortalecer la cooperación y la coordinación regional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, concluyó ayer con perspectivas que ensombrecen el futuro de los habitantes de la región en materia de seguridad. La declaración final del encuentro se limita a plantear un combate frontal “a todos los eslabones de la cadena: demanda, producción, tráfico, distribución, desvío de precursores químicos, lavado de activos y delitos conexos”, y lanza “un llamado urgente a los gobiernos donantes, así como a los organismos multilaterales”, a que “incrementen la asistencia financiera, técnica y de cooperación otorgada a nuestros países”.
Es innegable la necesidad de combatir el avance de las organizaciones criminales y la violencia que ellas generan. La delincuencia organizada causa un grave daño a la institucionalidad de los países de la región, y genera gran inseguridad y zozobra en las poblaciones. En ese sentido, lo deseable sería que encuentros como el celebrado esta semana en Cartagena concluyeran con la integración de políticas que efectivamente contrarrestaran las causas originarias del narcotráfico.
En este caso, desafortunadamente, lo que se plantea son rutas de acción que, se sabe por experiencia, se orientan más al impacto mediático que al beneficio de las sociedades. En el caso de México, el “combate frontal” al narcotráfico ha implicado espectaculares despliegues de las “fuerzas del Estado” por todo el país, que no han derivado en una disminución en la violencia, en un mejoramiento de las condiciones de seguridad, ni mucho menos en una reducción de la fuerza del narco; por el contrario, las ejecuciones y los levantones no paran y las organizaciones criminales dan cada vez mayores muestras de capacidad de fuego, infiltración y organización. Por añadidura, los operativos militares del gobierno mexicano se traducen en un peligro adicional para la sociedad, al generar entornos propicios para la violación de los derechos humanos y la supresión de las libertades ciudadanas. Resulta significativo, al respecto, que hoy el gobierno mexicano no descarte aplicar “fuertes medidas de control ciudadano”, así como más “medidas de revisión y mayor patrullaje militar” en entidades como Baja California, Sinaloa y Chihuahua, ante la creciente ola de violencia y los pobres resultados en la lucha contra el narcotráfico.
Por lo demás, es pertinente señalar que una mayor asistencia “financiera, técnica y de cooperación”, como la solicitada por la Declaración de Cartagena, no necesariamente se traduce en un mejoramiento de las capacidades del Estado en el combate a la criminalidad. Debe recordarse, por ejemplo, lo ocurrido en Colombia, un país al que Washington ha destinado, en los últimos nueve años, al menos 4 mil 300 millones de dólares en el contexto del llamado Plan Colombia. Tal asistencia, sin embargo, se ha visto acompañada de un incremento en las violaciones a las garantías individuales en aquel país. Para colmo de males, la eficacia de ese programa para reducir la producción de estupefacientes en la nación andina ha quedado en entredicho tras un informe reciente de la Organización de Naciones Unidas, en el que se señala que el año pasado el cultivo de coca en ese país aumentó 27 por ciento.
En la circunstancia actual, lo deseable son acciones que frenen la violencia, no que la multipliquen. Si lo que se quiere es erradicar el flagelo del narcotráfico, es pertinente y necesario atacar las causas sociales, institucionales y económicas que lo generan: las autoridades de la región debieran, en ese espíritu, implementar políticas orientadas a resarcir el tejido social, generar empleos, establecer mecanismos de protección económica para los sectores más depauperados, mejorar la educación, reducir las desigualdades sociales y restructurar aparatos de bienestar social. En la medida en que esto no ocurra, encuentros como el realizado en Cartagena carecerán de sentido, y no pasarán de ser meros actos de imagen pública y de propaganda para los gobiernos.