Sección mexicana del Ingreso Ciudadano Universal
En el contexto del 12 congreso de la Basic Income Earth Network, a la que me referiré como la Red Mundial por el Ingreso Básico, el pasado 21 de junio fue aceptada por aclamación de la asamblea de socios, en Dublín, Irlanda, el reconocimiento de la asociación civil Ingreso Ciudadano Universal-México, como sección de la Red Mundial.
En ella participa un amplio y plural número de académicos de diferentes universidades, funcionarios públicos, miembros de organizaciones civiles y personas dispuestas a reaccionar, a buscar alternativas y a trabajar colectivamente para superar las graves condiciones de pobreza y exclusión en que viven muchos millones de mexicanos, para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Durante el mismo congreso fueron aceptadas otras tres secciones: Canadá, Italia y Japón, con lo que formalmente ya hay 16 secciones nacionales de esta red internacional. Con el reconocimiento de la sección mexicana (www.icu.org.mx) se refuerza el papel de Latinoamérica en la promoción del derecho, garantizado y no condicionado, a un ingreso ciudadano universal (ICU), como parte de los derechos humanos emergentes y criterio en la formulación de políticas sociales que rompen los esquemas del neoliberalismo y construyen una alternativa frente a él.
Brasil, Argentina y México, en América Latina, además de Canadá y Estados Unidos, cuentan ya con secciones oficiales de la Red Mundial. No es por ello casual que se haya decidido que el próximo congreso se lleve a cabo en Sao Paulo, Brasil, en 2010.
El reconocimiento de la sección mexicana enriquece el movimiento de derechos humanos en nuestro país, en su apuesta por la construcción de la dimensión social de la ciudadanía. Es importante recordar que aunque la propuesta sea aún poco conocida en México, cada vez más tratadistas y especialistas en derechos humanos consideran al ICU, esto es, a un ingreso monetario garantizado para todos los habitantes, como una de las garantías sociales que un Estado democrático tiene que reconocer, para cumplir precisamente y en forma concreta con una de sus obligaciones ineludibles para promover los derechos sociales.
Por ejemplo, cuando Gerardo Pisarello, en un artículo sobre el Estado social, como Estado constitucional, se refiere a las actuaciones legislativas de promoción universal que posibiliten la reconstrucción de los derechos sociales, esto es, la asignación a todos los ciudadanos, o mejor, a todas las personas, de ciertos bienes y recursos, como la asistencia sanitaria, la educación pública o el ingreso, menciona expresamente a la renta básica universal. En palabras de Pisarello: este último (la asignación a todos los ciudadanos de un ingreso básico) sería precisamente el caso de las propuestas de una renta básica universal, reconocida a cada uno de los ciudadanos o residentes estables de una comunidad, con independencia de su estado civil, de su vinculación efectiva o eventual al mercado formal de trabajo o de otras fuentes de ingreso que pueda tener. Un derecho al ingreso, por tanto, incondicionado, modesto, pero suficiente, que, desde un punto de vista práctico, admitiría incluso diversas modalidades de generalidad: para todas las personas, durante toda la vida; para todas las personas, durante una cierta cantidad de tiempo; sólo para las personas mayores, o para todos los niños, etcétera.
Pisarello abunda en la defensa de la universalidad y no condicionalidad del ICU frente a las políticas de focalización y contraprestaciones condicionadas: “Y aunque aparentemente más costosa, ya que su financiación exigiría evidentes reformas tributarias en un sentido progresivo, bien podría resultar más legítima y eficaz que las prestaciones selectivas, en virtud precisamente de su alcance universal. De una parte, porque permitiría ampliar la autonomía individual y colectiva de las personas, favoreciendo las condiciones para su autogobierno y conjurando los elementos de estigmatización, humillación y clientelismo que suponen las prestaciones sociales supeditadas a pruebas de recursos (means tested benefits).
“De otra, porque al simplificar la gestión de las prestaciones sociales contribuiría a moderar la corrupción y a minimizar, en suma, los costes globales de la mediación técnico-burocrática característica de buena parte de los regímenes asistenciales tradicionales.”
De allí la importancia de la difusión del ingreso ciudadano universal como garantía social, sobre todo entre las organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven directa o indirectamente los derechos humanos. Es también muy importante su difusión en aquellas organizaciones que desde hace años han comprobado con sus investigaciones la ineficacia de políticas sociales focalizadas, que además de desperdiciar recursos en burocracias onerosas y procedimientos inadaptados, no abarcan a toda la población que declaran atender y, sobre todo, no inciden en la disminución de la desigualdad social.
Por todo ello, bienvenida la sección mexicana de la Red Mundial por el Ingreso Básico.