■ Represalia oficial, al denunciarse desvío de recursos, dice
Indagan a diputado de AN en Sinaloa; amagó a funcionarios que le clausuraron dos negocios
Culiacán, Sin., 26 de julio. La Procuraduría General de Justicia del estado (PJGE) abrió la averiguación previa 431/2008 contra el diputado local panista, Adolfo Rojo Corrales, por amenazas contra funcionarios del gobierno estatal, luego de que al legislador le clausuraron dos expendios de cerveza de su propiedad.
Según las autoridades, Demetrio Pompa Lara, delegado de inspección y vigilancia en la zona central, acudió la tarde del viernes a sancionar un negocio de venta de cerveza ubicado en la colonia Emiliano Zapata, momento en que llegó su propietario, el legislador local.
“El diputado Adolfo Beltrán Corrales arribó armado, en una camioneta pick up 4x4 blanca, y amenazó con lesionar al funcionario estatal y sus acompañantes”, señaló Pompa Lara, en un boletín del gobierno del estado.
Los funcionarios estatales acudieron a la agencia primera del Ministerio Público a interponer una denuncia por amenazas contra el legislador; el área de inspección y vigilancia informó que el diputado tiene adeudos y además uno de sus expendios vendió cerveza a un menor de edad.
Al respecto, Beltrán Corrales acusó al gobernador del estado, Jesús Aguilar Padilla de represión política y lo responsabilizó de las acciones en su contra; además negó que el día del altercado portara un arma de fuego.
“Claro que yo lo veo como una represalia; ayer denunciamos el desvío de recursos por más de 20 millones de pesos de la procuraduría, exhibí una serie de irregularidades; algo que no es común es que alguien se atreva a denunciar y los resultados aquí están”, sostuvo.
El diputado panista se refirió al supuesto desvío de recursos en la PGJE, dinero que debió destinarse a incrementar las percepciones de los agentes del Ministerio Público y de los policías ministeriales del estado, los fondos pero son manejados en forma discrecional, por el procurador Luis Cárdenas Fonseca, insistió.
Este sábado, el mandatario estatal negó que existan problemas con el diputado y calificó el diferendo como un caso meramente administrativo, sin tintes políticos.
“Absolutamente, no tienen nada que ver una cosa con la otra… son cosas administrativas de inspección y vigilancia, que todo mundo tiene que cumplir con la ley, no sé si él cumpla o no, no sé si él tiene expendios”, manifestó el gobernador, quien fue interrogado durante el Consejo Político estatal de su partido, el PRI.