■ Mujeres solicitaron la medida, ante presuntos hechos violatorios de policías y militares
La CNDH pide proteger a familiares de profesor asesinado en Tamaulipas
■ Sedena, gobierno del estado y ayuntamiento de Ocampo niegan haber recibido notificaciones
Ciudad Victoria, Tamps., 26 de julio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); al gobierno de Tamaulipas, y al ayuntamiento de Ocampo, adoptar medidas cautelares en favor de tres familias cercanas al profesor Guillermo Salas Acuña, quien murió baleado el pasado 21 de marzo por el director de seguridad pública de la citada localidad, Leopoldo Sabás Alvarado, dentro de la presidencia municipal de Ocampo.
El batallón de infantería con sede en esta capital y el secretario general de Gobierno, Antonio Martínez Torres, aseguraron no haber sido notificados de la petición de la CNDH.
La CNDH indicó, en el comunicado CGCP/117/08, con fecha del 24 de julio, que “por mediación del diputado federal Javier González Garza, las señoras Josefina Isabel Salas Acuña y Zarinna Salas Maldonado solicitaron la intervención de esta comisión nacional, ante hechos probablemente violatorios de garantías fundamentales contra integrantes de sus familias y Salas Vera, tanto por policías municipales de Ocampo como por efectivos del Ejército Mexicano”.
En el escrito se acotó igualmente que “la solicitud de medidas cautelares por 30 días tiene como fundamento los artículos 40 de la ley de la CNDH y 116, 117 y 118 de su reglamento interno, y su propósito es garantizar el respeto al derecho de tránsito, manifestación, integridad física, seguridad personal, así como la legalidad y seguridad jurídica de las familias citadas, en los municipios de Ocampo y Ciudad Victoria, Tamaulipas”.
Antonio Martínez sostuvo que la CNDH no ha notificado al titular del Ejecutivo estatal, Eugenio Hernández Flores, de la petición de medidas precautorias. Aseguró que desde el 21 de marzo anterior, día en que Sabás Alvarado mató a balazos a Salas Acuña, se reforzó la seguridad de las familias citadas, parientes de la víctima, y por eso desde entonces, 16 elementos de la policía rural vigilan que los parientes del ultimado no sufran agresión alguna, ni se les prive de algún derecho.
El secretario general de Gobierno dijo que para garantizar la seguridad jurídica que reclamaron los familiares de Salas Acuña, él mismo le pidió al presidente municipal priísta de Ocampo, Vicente Guerrero Sánchez, solicitar licencia al cargo para no entorpecer las investigaciones, que ya terminaron, y por las cuales se determinó que Leopoldo Sabas fue autor material del crimen.
Recordó que tras concluir las indagatorias, un juez penal dictó formal prisión al indiciado, y se espera la sentencia.
Fuentes del 77 batallón de Infantería, con sede en esta capital, aseguraron, por su parte, que la guarnición no ha recibido ninguna notificación de la petición 117/08 de la CNDH, y dijeron estar sorprendidas por el comunicado, en el que se les señala por haber violado garantías de las familias citadas, pues “solamente se hacen patrullajes de rutina en esa región”.
El caso fue capitalizado por el PAN, en el cual militaba Guillermo Salas, y decenas de sus correligionarios oriundos de Ocampo se manifestaron en al menos tres ocasiones ante el Congreso de Tamaulipas, para exigir justicia por el homicidio.
Además, los panistas encabezados por su compañero de partido, José Luis López Cedillo, exigieron en sus movilizaciones inculpar al alcalde Guerrero Sánchez por el crimen de Salas Acuña, pero el edil fue exonerado por el juez penal con sede en el municipio de Xicoténcatl, Ramón Barrientos Domínguez, quien conoció del caso.
La licencia de Guerrero Sánchez concluyó hace tres semanas y ya se incorporó a su cargo.