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■ El recién nacido IETU ya está listo para beneficiar a grandes corporativos
No concluye su primer año de vigencia, cuando el impuesto empresarial a tasa única (IETU) ya tiene su propio inventario de exenciones, deducciones, créditos fiscales y conexos, los cuales, sólo para su periodo de estreno, 2008, sumarán poco más de 96 mil millones de pesos este año y arriba de 89 mil millones en 2009, de los que la rebanada más gruesa corresponderá a los grandes corporativos, de por sí hijos predilectos de las arcas nacionales.
Dicho inventario se suma al cada año más abultado presupuesto de gastos fiscales elaborado y otorgado por la Secretaría de Hacienda a distintos actores económicos, mismo que en los últimos seis años acumuló una bolsa por arriba de 3.2 billones de pesos, y que se aproximaría a los 4 billones si se considera la nueva tajada de exenciones y conexos estimada por la propia dependencia para 2009.
Por cada reclamo de los grandes contribuyentes motivado por la entrada en vigor del nuevo impuesto, la Secretaría de Hacienda corresponde con una nueva exención o deducción, hasta acumular en 2008 y 2009 los citados 185 mil millones de pesos. Así, de acuerdo con el más reciente análisis que sobre el particular elaboró la Cámara de Diputados, en ese bienio los grandes corporativos a los que generosamente se les permite la consolidación fiscal obtendrían reducciones y conexos por 41 mil 500 millones de pesos, poco más de 22 por ciento del total proyectado o, para utilizar comparaciones, una refinería, propiedad del Estado, de buen tamaño y capacidad para atender la demanda interna de petrolíferos.
El citado análisis detalla que el presupuesto de gastos fiscales relacionados con el IETU para 2008-2009 incluye 14 mil millones de pesos por “reducción de la tasa del impuesto” (un punto porcentual en el primero de los años citados; medio punto para el segundo); 41 mil 500 millones por la citada consolidación fiscal; 16 mil 500 millones por “exención de los ingresos provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras que se encuentren exentos del pago del ISR”; cerca de 27 mil millones por “deducción adicional por tres años por erogaciones en inversiones nuevas en el periodo del primero de septiembre al 31 de diciembre del 2007”; 21 mil 700 por “créditos fiscales por aportaciones de seguridad social”; 13 mil millones por “créditos fiscales por los saldos pendientes a deducir desde primero de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2007” (créditos sobre créditos); más millones a otros créditos fiscales: “inventario de materias primas”, “enajenaciones a plazo del ISR, acumulado, cobrado, efectuadas con anterioridad al primero enero de 2008” y “para empresas de maquila del primero de noviembre de 2007”.
Lo anterior sólo para abrir boca, porque el IETU no cumple su primer año de vigencia, y la Secretaría de Hacienda ya anuncia, con bombo y platillo como lo amerita la ocasión, que seguirá la misma ruta de exenciones, deducciones, créditos fiscales y conexos utilizada en el caso del impuesto sobre la renta, el cual, dice, a corto plazo y en definitiva supliría al IETU.
De hecho, el análisis de la Cámara de Diputados subraya la advertencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el sentido de que México es el país, miembro de esta organización multilateral, con el más bajo nivel de recaudación tributaria.
La OCDE reporta que en 2005, por ejemplo, la recaudación tributaria federal, estatal y municipal fue equivalente a 19.8 por ciento del producto interno bruto, mientras naciones como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Noruega y Suecia reportan tasas de recaudación superiores a 40 por ciento de su PIB.
La baja recaudación tributaria en México, insiste la Cámara de Diputados, “es un fenómeno multicausal y se explica, entre otros, por la concurrencia de los siguientes factores: la existencia de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios, créditos fiscales, tratamientos y regímenes especiales existentes en las leyes tributarias del país reflejados en los presupuestos de gastos fiscales del gobierno federal; la evasión tributaria; la tríada contrabando-piratería-economía informal; la pequeña base de contribuyentes”.
Los llamados gastos fiscales (que, dicho sea de paso, cuentan con la anuencia de la propia Cámara de Diputados) avalados por la legislación tributaria, representan una cuantiosa pérdida permanente para el erario, pero un excelente negocio para el capital privado. Las exenciones, deducciones y conexos “que incluso pueden resultar en un impuesto negativo como es el caso del subsidio para el empleo y del impuesto especial a los combustibles, se desvían de la estructura normal de cualquier impuesto, constituyendo un régimen fiscal favorable para cierto tipo de ingreso o sectores de actividad, con objetivos extra fiscales o de política económica”.
Nada grato el panorama, pero si a la benevolencia gubernamental se suma el apretado padrón de contribuyentes, la cosa adquiere color de hormiga. De acuerdo con el SAT al primer trimestre de 2008 la estructura de dicho padrón fue la siguiente: 22 millones 861 mil contribuyentes activos localizados, de los que 14 millones 344 mil son asalariados (63 por ciento del total), la mayor parte de ellos con un ingreso no mayor a tres salarios mínimos; 7 millones 782 mil personas físicas (34 por ciento, changarros incluidos) y tan sólo 735 mil personas morales (léase el 25 por ciento de las empresas registradas formalmente, 3 por ciento del total).
Entonces, con prácticas fiscales como las citadas, la generosidad gubernamental reportada y un padrón tan desequilibrado, ni el más plantado sale adelante.
Las rebanadas del pastel
Aerolíneas Argentinas regresa al sagrado rebaño de la propiedad del Estado, el cual abandonó en 1991 por decisión del entonces presidente Carlos Saúl Menem quien, una vez “saneada” la empresa, con utilidades por 18 millones de dólares y libre de cualquier adeudo, prácticamente la regaló a la española Iberia, la que después “traspasó” a otras manos privadas. Diecisiete años después, fracaso tras fracaso, al borde de la bancarrota y con una deuda cercana a 900 millones de dólares, le “devuelven” el consorcio a los argentinos. ¿Dónde hemos visto este tipo de soluciones “prácticas”?