Abusos militares en México
El 11 de julio fueron emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ocho recomendaciones relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del Ejército Mexicano.
Este hecho confirma lo que de diversos modos ha sido señalado por diversas organizaciones sociales: que la injerencia militar en tareas de seguridad pública constituye una amenaza para la vigencia de los derechos humanos en el país. Sin embargo, el número de recomendaciones presentadas por la CNDH no refleja de manera suficiente el número de violaciones perpetradas por personal militar durante 2007 y el primer semestre de 2008.
Esto se concluye de la lectura de los datos preliminares de un estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), que sistematiza las situaciones reportadas por la prensa durante los últimos 18 meses. Según éste, al menos 50 casos de supuestos abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas fueron denunciados en los medios. Estos abusos abarcan violaciones graves a los derechos humanos, como privación de la vida, torturas, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y abusos sexuales.
El estudio del Centro Prodh destaca que la mayor parte de los abusos militares ha ocurrido en estados donde se han realizado operativos conjuntos entre el Ejército Mexicano y diversas corporaciones policiales contra el tráfico de drogas (Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa). Pero también en estados donde tradicionalmente se ha registrado una fuerte presencia militar y un largo historial de abusos por parte de elementos castrenses (Guerrero, Oaxaca y Chiapas).
Es notable lo que sucede en Chihuahua, donde a partir de marzo de 2008, es decir, después de uno de estos operativos conjuntos, han acontecido al menos seis casos de abusos militares de alto perfil. También llama la atención que en lo que va de 2008 el número de personas asesinadas por militares iguala ya a las 11 personas que perdieron la vida en 2007, lo que hace temer un incremento alarmante en el número de violaciones a derechos humanos.
Si bien los abusos militares han estado vinculados a la participación militar en los operativos diseñados para combatir a la delincuencia organizada, debe tenerse en cuenta que también han ocurrido violaciones a derechos humanos cometidas contra comunidades indígenas y grupos de migrantes indocumentados. Tampoco debe perderse de vista que existe un alto número de mujeres víctimas de abusos en los 50 casos analizados.
Esta información bastaría para pensar que la participación de las fuerzas armadas no se ajusta estrictamente a la lógica de la lucha contra el crimen organizado, o bien que el poder militar se hace sentir también en ámbitos que desbordan las funciones estrictamente policiales. Situación que representa graves riesgos para la población civil, sobre todo para la que se asienta en zonas marginadas, o para los sectores vulnerables.
Las recientes recomendaciones de la CNDH confirman lo que por años ha sido una demanda reiterada de los organismos civiles de derechos humanos en México, que han documentado la impunidad en la que quedan las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de civiles por militares. Tales recomendaciones subrayan la necesidad de rediseñar las estrategias de combate a la delincuencia organizada, y la de establecer controles efectivos que llamen al Ejército a rendir cuentas.
Entre las recomendaciones de la CNDH y la investigación del Centro Prodh hay, sin embargo, una diferencia que conviene resaltar. En sus recomendaciones la CNDH ha omitido condenar, con base en los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, la extensión del fuero militar a los casos en que elementos castrenses perpetran delitos graves contra civiles. No ha habido, por parte de esta comisión, un pronunciamiento contundente sobre esa importante cuestión.
Los abusos militares no pueden explicarse solamente aludiendo a la falta de capacitación en materia de derechos humanos de los miembros del Ejército. Hay una causa de fondo que favorece los abusos militares: las fuerzas armadas son entrenadas para actuar desde la lógica de la guerra contra un enemigo externo, de manera que su implicación en tareas policiales es incompatible con los fines y los rasgos de la disciplina castrense. A esta causa debe agregarse la relevancia de la impunidad, reforzada porque la mayoría de los abusos sólo es conocida por el fuero militar, como factor que permite la comisión de nuevos abusos.
A los datos relacionados con estos abusos se suma el apoyo que Estados Unidos otorgará mediante la cuestionada Iniciativa Mérida, acatada y gestionada por el gobierno mexicano. Esas negociaciones estuvieron a punto de fracasar por su negativa a incluir medidas que permitan el efectivo cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Frente a tales hechos, es necesario que haya mayor participación de la ciudadanía para monitorear el sistema de seguridad pública, de manera que sea posible asegurar la justicia integral en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares y policías. Esta participación debe incluir un firme rechazo a la extensión del fuero castrense y a la creciente militarización de las tareas de seguridad interna.