Editorial
Iniciativa Mérida: soberanía empeñada
Las reuniones que el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, sostuvo ayer con los titulares de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, así como con los integrantes del gabinete de seguridad del gobierno federal –los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública federal, y el procurador general de la República–, con el fin de evaluar el “estado que guarda la cooperación bilateral contra el crimen organizado trasnacional”, constituyen una práctica por lo menos cuestionable desde una perspectiva de vigencia de la soberanía nacional.
La reunión se da en un momento por demás significativo: a tan sólo unas semanas de que el Congreso estadunidense aprobara el controvertido programa de asistencia en combate al crimen organizado denominado Iniciativa Mérida o Plan México. La comparecencia de los integrantes del gabinete de seguridad y los encargados de la política interna y externa del gobierno calderonista hace inevitable suponer que lo que ahora se presenta como una “evaluación” conjunta, en el contexto de un acuerdo bilateral, pudiera llegar a convertirse en una injerencia abierta por parte de las autoridades de un país extranjero en un tema estratégico como lo es la seguridad.
Al respecto debe recordarse que el Senado estadunidense pretendió imponer ya, por vía de la Iniciativa Mérida, una serie de condiciones que planteaban serios reveses a la soberanía nacional, entre los que se encontraban la certificación, por parte del Departamento de Estado del país vecino, de la aplicación de “reformas legales y judiciales”, y el establecimiento, a cargo de las autoridades de Washington, de una base de datos “para el escrutinio de las corporaciones policiales y militares mexicanas a fin de garantizar que las fuerzas militares y policiales que reciban los fondos no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o (en la) corrupción”. Tales condicionamientos fueron vistos por expertos y por amplios sectores de la sociedad mexicana como un intento de volver a los vergonzantes procesos de certificación de la década pasada.
Por fortuna, los requisitos referidos no prosperaron en la redacción final de la iniciativa, debido en parte a una marcada oposición de los legisladores de ambos países y del gobierno mexicano, pero permanecieron intactos otros elementos que, es de suponer, generarán una dependencia creciente de nuestro país con respecto a la nación vecina en materia de seguridad. Tal es el caso del abastecimiento de equipos de alta tecnología, como los que Estados Unidos entregaría a México, y que implica tres líneas de supeditación inevitable: en entrenamiento y capacitación del personal que los opera, en abasto de piezas y refacciones y en mantenimiento. De tal modo, es dable suponer que, para efectos de la operación de esos equipos, sería obligada la llegada de militares estadunidenses y que su presencia en las instalaciones de las dependencias policiales y del Ejército facilitaría a las autoridades extranjeras la recopilación de información estratégica que no debiera salir del país. Otra vertiente de esa dependencia es la política, que implicaría la rendición de informes periódicos en materia de las acciones de seguridad en el contexto de la Iniciativa Mérida, y cuya primera muestra pudiera ser el cónclave de ayer en Bucareli.
Por lo demás, la designación de Michael Chertoff como operador de estos acuerdos es motivo suficiente para encender los focos de alarma: se trata de un funcionario que, entre otras cosas, colaboró en la redacción de la controvertida Ley Patriótica, que constituye un atropello a las garantías individuales de los estadunidenses, pues legaliza el espionaje telefónico, la apertura clandestina de correspondencia, la intercepción de correo electrónico, la sustracción secreta de documentos personales y la escucha de conferencias telefónicas, todo ello sin que se requiera orden judicial. De allí que sea obligado cuestionarse si lo que persigue la Casa Blanca es en efecto la cooperación de las autoridades mexicanas, en el marco de un acuerdo bilateral en el que se respete la soberanía de ambas naciones, o bien si lo que Washington pretende es la supeditación del gobierno mexicano a sus designios de implementar, a escala mundial, una política de seguridad basada en la “mano dura” y en el menoscabo de las garantías individuales.