México SA
■ ASPAN: riqueza energética en riesgo
■ Beneficiarios: financiadores de campañas electorales
En agosto 2006, con la bendición de Vicente Fox como inquilino de Los Pinos, 10 de los llamados “grandes” empresarios del país resolvieron que “lo mejor para México” era “integrarse energéticamente” a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), por mucho que constitucionalmente esa decisión corresponda al Poder Legislativo.
Fox les otorgó manga ancha para que, “en nombre de México” y como integrantes del Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC, por sus siglas en inglés), fijaran la “primera generación de prioridades de corto plazo”. Veloces como saetas consideraron que lo único importante era plegarse de inmediato a los deseos y atender las urgencias energéticas de Estados Unidos, dejando para mejor ocasión la eventual intervención de las instituciones del Estado.
Pues bien, llegó la “continuidad” y con ella la ratificación de la bendición de Los Pinos, de tal suerte que esos “grandes” empresarios no quitaron el dedo del renglón y, “en nombre de México” –como les autorizó el de las ideas cortas y la lengua larga, y refrendó el michoacano– “acordaron” meter el acelerador a fondo en eso de la “integración energética”, para lo cual formularon una serie de “recomendaciones”, las cuales, por lo visto, Felipe Calderón ha seguido al pie de la letra, con la única salvedad de los tiempos políticos: los primeros exigieron que de inmediato (para 2007) y el michoacano les dijo que a mediano plazo (para 2008).
Y llegó el tiempo “políticamente conveniente” (versión Los Pinos) para concretar la agenda de “prioridades mexicanas”, de acuerdo con las reglas fijadas por esos “grandes” empresarios supuestamente nacionales, de la mano de sus colegas estadunidenses y canadienses, en el marco del ASPAN, es decir, “atender la necesidad de que se realicen reformas en el sector energético en México”, porque sin ellas sería imposible “maximizar beneficios de la integración energética en la región”.
Por lo anterior, dichos empresarios, junto con sus amigos de Estados Unidos y Canadá, elaboraron un documento por medio del cual fijaron la agenda de lo que “el gobierno mexicano deberá lograr” en 2008, agenda que el inquilino de Los Pinos a su vez presentó como “iniciativas propias” ante el Congreso. Subraya el susodicho documento: (el gobierno debe) “emitir un análisis comparado que muestre las brechas en desempeño operativo y financiero de Petróleos Mexicanos (que) deberá vincular estas brechas en desempeño con las cuestiones de gobierno corporativas y darle al gobierno mexicano una razón para proceder con cambios estructurales en el gobierno y en las operaciones de Pemex dentro del marco constitucional del país”, lo que puntualmente hizo a finales de marzo pasado, con la secretaria Kessel y el director Reyes Heroles G.G. como maestros de ceremonia.
Además, “liberalizar el comercio, almacenaje y distribución de productos refinados. Aprovechando los beneficios y la experiencia legislativa que se han ganado a través del proceso de liberalización de gas, esta recomendación también conllevaría una importante flexibilidad e incrementaría las opciones para los consumidores industriales de productos refinados. Esta recomendación incluiría la construcción, posesión y operación de oleoductos. Las ramificaciones a nivel detallista representarían un salto adelante incorporando la presión y la disciplina del mercado a las operaciones de distribución de Pemex”, lo que en abril 8 Felipe Calderón presentó al Senado como “iniciativa propia”.
Generosos, como siempre, en su documento reconocen “el papel exclusivo de los sectores público y privado de México” (la Constitución sólo habla del primero) para “determinar los requerimientos de desarrollo en este sector y el guiar las iniciativas que aumentarán su competitividad. Una vez que México identifique las necesidades estratégicas y los posibles cursos de acción, deberán considerarse la experiencia y las contribuciones en recursos provenientes de Canadá y Estados Unidos en forma de ayuda solamente, si así se requiere, para alcanzar los objetivos inspirados por las partes interesadas mexicanas”, Al mismos tiempo, enumera “sugerencias prácticas que pueden reducir obstáculos específicos para la integración energética en el corto plazo, a la vez reconociendo que las reformas más profundas tocan temas legislativos y asuntos de soberanía nacional”, y destacan que “una mayor integración dentro de América del Norte podría ayudar a desarrollar un potencial energético aún sin explotar (léase el “tesoro”) y a reducir la dependencia de la importación proveniente de proveedores de energía más distantes y menos seguros”.
Más adelante, el palo o la zanahoria: “si México fuera a liberalizar de manera cabal su sector energético, las reservas relativamente abundantes de petróleo y gas de ese país atraerían inversión y tecnología significativas. Sin embargo, el hecho de que no se haya liberalizado el sector energético de México ha frenado el proceso de inversión, y se percibe que un cambio constitucional sería poco probable en el corto plazo” y, por si fuera poco, “parece haber potencial para una reforma significativa dentro de México en la liberalización del comercio, el almacenamiento y la distribución de productos refinados y en la eficiencia de la empresa estatal Pemex a través de cambios en su organización y gobierno corporativo. El NACC también vislumbra un potencial considerable para ayudar en el desarrollo del sector energético de México a más largo plazo a través de programas cooperativos enfocados a fortalecer su base de recursos humanos en el sector energético”. Pero, subrayan, “las provisiones de su Constitución limitan los esfuerzos de México por ampliar el desarrollo de sus considerables recursos energéticos”.
Para rematar, postulan “la creación de una entidad estatal por separado (que se llamaría Gasmex) que se puede derivar de la industria de gas no asociado de Petróleos Mexicanos. De esta manera podrían librarse los obstáculos a la exploración y el desarrollo de proyectos de producción altamente rentables que no se pueden realizar actualmente por las limitaciones presupuestales de capital en Pemex. Esta iniciativa intermedia es consistente con el objetivo a más largo plazo de liberalizar el sector mexicano de hidrocarburo”, y por ello le fijan fecha: 2010.
Las rebanadas del pastel
¿Y quiénes son esos “grandes” empresarios? No se agobien: los mismos que financiaron la campaña sucia en el proceso electoral 2006, más trasnacionales “amigas” con los ojos fijos en el jugoso negocio petrolero mexicano.