La invisibilización de los “sectarios”
“Eso les pasa por andar metidos en las sectas.” Tal parece que ésta es la posición que aún subsiste en amplios sectores de la sociedad mexicana para tratar de explicar los acosos y ataques padecidos por integrantes de confesiones distintas al catolicismo. Si bien es cierto que los hostigamientos y persecuciones contra las minorías religiosas en el país están lejos de ser actos generalizados, sí es preocupante que tengan lugar con cierta frecuencia.
El caso más reciente de amenazas por su pertenencia a un grupo confesional minoritario ha tenido lugar en Guerrero. De acuerdo con la nota periodística de José Antonio Román (La Jornada, 1/7/08), en Zopilotepec, municipio de Atlixtac, las autoridades “han amenazado a varias familias de la Iglesia metodista con ser despojadas de su templo, y a sus hijos con expulsarlos del plantel y hacerles daño físico”.
Quienes profirieron las amenazas son el comisariado ejidal, Teodoro Vázquez Rodríguez, y el director de la escuela primaria federal Josefa Ortiz de Domínguez. Ambos han manifestado su intención de erradicar la presencia de los metodistas en el poblado, para lo cual buscan despojar de su templo a los miembros de esa denominación. Quieren construir una capilla católica en su lugar, además han amenazado a los hijos de los metodistas con “quemarlos con velas” y, para que no quede duda de su celo religioso, “expulsarlos si persisten en acudir al templo de la localidad y para congregarse para los servicios sabatinos y dominicales de esa confesión”.
Es necesario recordar que la Iglesia metodista es resultado de la reforma eclesiástica y social encabezada por John Wesley (1703-1791) en Inglaterra. El trabajo de los misioneros metodistas en México comieza en 1872, al año siguiente abre sus puertas al culto de esta confesión el templo de Gante número cinco, en el Centro Histórico, que continúa hasta nuestros días. En la región donde se localiza el templo que los intolerantes quieren derribar, la Iglesia metodista tiene presencia desde hace más de cuatro décadas. El pastor metodista José Trinidad Ruiz fue corredactor del Plan de Ayala, el documento base de las reivindicaciones enarboladas por Emiliano Zapata, y uno de los seis generales zapatistas que signaron el escrito. La primera obispa en toda la Iglesia metodista de América Latina es mexicana, Graciela Álvarez.
Volvemos al caso de los metodistas hostigados en Zopilotepec. El pastor de la pequeña congregación, Manuel Acuña Velásquez, ha denunciado los amagos y solicita la intervención de las autoridades estatales y federales. Porque se atenta contra garantías constitucionales como la libertad de creencias, los derechos humanos de los niños a quienes se les ha coaccionado para que dejen de asistir a las actividades de la Iglesia metodista. Al concluir el ciclo escolar las intimidaciones cesaron, pero nada garantiza que no sean retomadas en agosto, cuando se reinicien las actividades del nuevo calendario escolar.
Llama la atención, una vez más, que un caso tan claramente violatorio de los derechos de los amenazados, y sobre todo cuando el quebrantamiento proviene de autoridades reconocidas por el sistema legal y administrativo local y federal, no haya levantado interés informativo y/o denuncias del atroz caso por parte de quienes usualmente se movilizan para proteger los derechos de los más débiles.
Parece que no existiesen los agredidos de Zopilotepec, la comunidad intelectual no ha registrado la tragedia, la izquierda los mantiene en el olvido. A los “sectarios” se les invisibiliza, ¿será porque a los metodistas se les sigue viendo con sospecha, porque tienen creencias ajenas a lo que llaman la idiosincrasia nacional?
En febrero pasado, también en Guerrero, consigna la nota informativa de José Antonio Román, “fueron expulsadas al menos 10 familias de la comunidad de Chiepetlán, en el municipio de Tlapa de Comonfort, por profesar una fe distinta a la católica. Los habitantes debieron abandonar sus casas, luego de que en una junta, donde estuvieron presentes autoridades estatales y federales se acordó despojarlos de sus tierras, pues no quisieron cooperar económicamente para las festividades religiosas locales. Luego de su partida, los evangélicos fueron amenazados de muerte, si es que regresaban a su pueblo. En esa ocasión también los niños tuvieron que abandonar sus estudios debido a la expulsión”.
El hecho pasó a engrosar la lista de agravios perpetrados contra un colectivo al que con impunidad se ataca: el conformado por evangélicos, pobres que habitan en zonas predominantemente rurales, con significativa población indígena.
En contraste, 110 elementos de la Policía Federal Preventiva sustituyeron a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en labores de seguridad en la Catedral Metropolitana. Los últimos iniciaron sus actividades vigilantes en noviembre del año pasado, a raíz del campanazogate que enfrentó a integrantes del movimiento liderado por Andrés Manuel López Obrador y las huestes encabezadas por el obispo Norberto Rivera Carrera.
Los policías federales, desde el primero de julio, tienen la orden de “resguardar la integridad física y patrimonial de los fieles”, así como “garantizar la libertad de culto”, según Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, por lo mismo estarán allí las 24 horas del día y los siete días de la semana. ¿Y la integridad física y la libertad de culto de los metodistas de Guerrero nadie la resguarda ni garantiza?