El centralismo fiscal daña al país: priístas
Saltillo, Coah., 15 de julio. Los gobernadores de Coahuila y Sonora, Humberto Moreira Valdés y Eduardo Bours Castelo, respectivamente, ambos priístas, emplazaron al presidente Felipe Calderón para que a partir de septiembre –cuando se realizará la próxima sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)– su administración encamine un esquema que involucre a los gobiernos municipales, estatales y al Congreso de la Unión, para replantear el convenio de coordinación fiscal, pues consideran que las condiciones actuales en que éste opera son “desventajosas”, “arbitrarias” y “centralistas”.
Bours Castelo lamentó que si bien el citado acuerdo “inicialmente parecía una respuesta federalista a la problemática del desarrollo nacional, acabó por convertirse en una subordinación degradante de los estados al poder de una Presidencia y un Congreso de la República” que “actúan como instrumentos de un poder centralista tan opresivo, como arbitrario”.
“Hablamos entonces de un federalismo invocado en el discurso pero traicionado en los hechos” y de “un régimen hacendario no sólo injusto e ineficiente, sino también ofensivamente centralista”, añadió.
Consideró “degradante” que cada año los gobernadores deban actuar “como cortesanos” al acudir a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión “para gestionar y a veces suplicar” las asignaciones presupuestales que le interesan a los estados y municipios, con resultados “generalmente muy limitados.
“Ello –continuó–, porque la soberbia del poder central no se satisface con poner de rodillas a los estados cuando acuden por lo que es de ellos”, sino que además pretende mantenerlos “en una situación de constante pobreza presupuestaria, cuando no de franca crisis financiera, para asegurarse la obediencia” de los gobernadores.
Moreira Valdés respaldó a su vez los señalamientos de su homólogo sonorense, al citar como ejemplo que el gobierno federal condicionó este año a algunos alcaldes del país la entrega de recursos extraordinarios para seguridad pública, a cambio de ordenarles “desde pintar de color azul las patrullas hasta definir las fechas en que los mandos de las corporaciones policiacas debían tomar vacaciones”.
“Por más ridículo que esto parezca –añadió– es la realidad, eso sucedió, en un franco atentado a la autonomía municipal y en la más descarada demostración de fuerza del centralismo”, puntualizó.